El Gobierno federal estableció una ruta de trabajo interinstitucional y prometió revisiones técnicas en torno a la construcción de la planta de amoniaco de la empresa GPO en Topolobampo, un acuerdo que comunidades indígenas y activistas locales recibieron sin suspender sus movilizaciones ni el plantón que mantienen en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa.
La comitiva oficial encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostuvo un encuentro en esta ciudad costera con pescadores, especialistas y representantes ejidales para desglosar acusaciones sobre supuestos impactos negativos en los ecosistemas marinos, el acceso al agua limpia y el ordenamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
"Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento", remarcó la funcionaria ante los inconformes.
El plan pactado estipula que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutará una inspección en el sitio para verificar el estado de las obras y el apego a la legalidad, además de abrir mesas técnicas de evaluación con expertos y buscar un diálogo directo con los directivos de la firma responsable.
"Escuchar no significa sólo oír; también significa comprender, entender a fondo las propuestas que ustedes traen y las ideas que nos quieran expresar", agregó la Secretaria.
Pese a las promesas de supervisión jurídica, integrantes del movimiento civil "¡Aquí No!" reiteraron que la demanda principal es la clausura definitiva del complejo industrial, argumentando que la planta representa una amenaza latente debido a la inestabilidad geológica de la región norte del estado.
Manifestantes expusieron que Sinaloa se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y cerca del Golfo de California, una zona tectónicamente activa con recurrencia de enjambres sísmicos que eleva el riesgo de una eventual explosión o fuga química con consecuencias fatales para la población.
"La Bahía de Ohuira nos ha dado identidad, sustento y vida por generaciones. Hoy nos toca a nosotros levantar la voz por ella", difundió la activista Susana Quinsan, quien llamó a reforzar la resistencia vecinal organizada frente a las instalaciones.
"Clausurar la planta de amoníaco es una obligación con nuestra historia y con nuestros derechos. Nadie va a venir a salvarnos, somos nosotros, organizados y firmes, quienes protegeremos nuestro hogar", agregó.
La oposición al proyecto escaló a nivel internacional durante la Conferencia de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania, donde colectivos mexicanos exhortaron formalmente a la ciudadanía de ese país europeo a presionar al banco KfW para que retire el financiamiento a dicha obra en territorio sinaloense.
"La problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones", aseveró ayer el Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso.
La mesa de negociaciones contó además con la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Economía y dependencias de agricultura y pesca, instituciones que prometieron respetar las libertades de manifestación mientras se desahogan los peritajes.
"Solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades", asentó el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
