San Luis Potosí, SLP.- La llamada Ley Serrano continúa generando una profunda división política y social en San Luis Potosí. Lo que nació como una iniciativa para castigar el uso indebido de la inteligencia artificial terminó convirtiéndose en uno de los temas más polémicos del estado, al grado de enfrentar a legisladores, autoridades municipales, organismos defensores de derechos humanos y ciudadanos preocupados por el alcance de la norma.
Aprobada en noviembre de 2025, la reforma contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes utilicen herramientas de inteligencia artificial con fines considerados ilícitos. Sin embargo, desde su entrada en vigor ha sido cuestionada por especialistas y organismos defensores de derechos humanos, quienes advierten que su redacción es ambigua y podría abrir la puerta a la criminalización de expresiones, opiniones, sátiras o contenidos digitales.
La controversia escaló aún más luego de que dos personas fueran detenidas con base en esta legislación, situación que encendió las alertas sobre el uso del derecho penal para regular conductas relacionadas con la libertad de expresión y el entorno digital.
Entre las voces más críticas se encuentra el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien se pronunció abiertamente en contra de la permanencia de la norma.
“Si estuviera en mis manos en este momento derogar la Ley Serrano sería el mejor regalo para la libertad de expresión en San Luis Potosí”, afirmó.
Las declaraciones del edil surgieron luego de que el diputado local Héctor Serrano, impulsor de la iniciativa, lo señalara como uno de los principales promotores de la oposición contra la ley. Lejos de rechazar la acusación, Galindo asumió una postura frontal.
“No soy actor intelectual, soy actor material. Yo creo que esa ley debe desaparecer. Yo esperaría que la Corte lo resuelva. Lo que quiso minimizar es algo muy relevante, quien promueve ante la Corte que se revise y se derogue la ley es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es cualquier cosa”, sostuvo.
La participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido uno de los elementos que más peso ha dado al debate. El organismo considera que existen riesgos de vulnerar derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión, un derecho que en México se conmemora cada 7 de junio durante el Día de la Libertad de Expresión.
Para Galindo, el problema de fondo radica en haber llevado la regulación de la inteligencia artificial al terreno penal.
“Por muchos años no se ha podido legislar bien sobre estos temas, pero es un crimen meter al derecho penal en esto. El derecho penal es la parte más dura del derecho y utilizarlo es un atentado contra la libertad de expresión. Hay otras vías para regularlo”, señaló.
El alcalde incluso sostuvo que las consecuencias de la legislación ya alcanzaron a diversas instituciones.
“Metió al Congreso en un gran problema, a la Fiscalía por meter a la cárcel a dos personas por esa ley, al Poder Judicial. Está salpicando a muchos actores”, expresó.
En medio de la discusión, Galindo advirtió que existe un ambiente de temor entre quienes prefieren guardar silencio sobre el tema.
“Hay un ataque real a la libertad de expresión. Tan fuerte es el ataque que en privado me decían todo y en público nada”, comentó.
Mientras la Suprema Corte analiza los recursos promovidos contra la norma y crece la presión para modificarla o eliminarla, la Ley Serrano ha dejado de ser únicamente una regulación sobre inteligencia artificial. Hoy representa una disputa mucho más amplia.
Una ley creada para combatir posibles abusos tecnológicos terminó siendo señalada por organismos nacionales como un riesgo para las libertades más básicas. Y mientras el debate continúa, San Luis Potosí pasó de intentar regular el futuro digital a convertirse en el epicentro de una discusión nacional sobre censura, castigo y libertad. La pregunta es ¿quién representa un mayor peligro para la sociedad, la inteligencia artificial o las leyes que buscan controlarla?
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