Un Tribunal federal desechó en definitiva los primeros 102 amparos contra la reforma Constitucional que redujo las pensiones de jubilados de paraestatales y banca de desarrollo.
Por unanimidad, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó los desechamientos dictados por Jueces de Distrito, ya que, debido a una reforma impulsada por Morena en 2024, el Poder Judicial Federal (PJF) no puede revisar cambios a la Constitución por medio de amparos.
Este Tribunal colegiado está concentrando todas las revisiones por los desechamientos de los amparos afectando principalmente a ex directivos y personal de confianza de CFE, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Nafin y Banobras quienes han promovido por lo menos 6 mil demandas.
Aunque las sentencias del Tribunal son inapelables, los afectados todavía pueden litigar, pero sólo para cuestionar reducciones excesivas a sus pensiones, o su inclusión indebida por parte de la dependencia respectiva, ya que la reforma al Artículo 127 de la Constitución sólo se refiere a personal de confianza, no a sindicalizados.
Pese a que el Tribunal colegiado no transmitió su sesión pública por medio de la plataforma del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y el video tampoco está disponible, la lista de notificaciones y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) registra que los recursos de queja de los jubilados fueron resueltos como infundados.
En sesiones previas, el Tribunal ya había rechazado múltiples recursos de queja, pero no contra el desechamiento de los amparos, sino por el no otorgamiento de suspensiones para preservar los montos de las pensiones.
Si bien algunos Jueces llegaron a conceder suspensiones para frenar la reducción, estos amparos eventualmente también serán desechados por el Tribunal.
Al desechar los amparos, algunos Jueces han admitido que la reforma viola derechos adquiridos, pero también que no pueden hacer nada al respecto.
La reforma impuso un recorte retroactivo para que ningún jubilado de confianza pueda ganar más de 50 por ciento de la percepción de la Presidenta de la República, es decir, un tope de unos 80 mil pesos mensuales, cuando algunos recibían más de 200 mil pesos, pues en su momento se beneficiaron de las mismas prestaciones que los contratos colectivos preveían para los sindicalizados.
Como parte de la ofensiva en medios para justificar la reforma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) publicó listas con los nombres e ingresos de miles de jubilados, incluidos muchos que ganaban menos que la Presidenta o menos que el nuevo tope.
Durante la discusión para aprobar la reforma, senadores de Morena justificaron que no se aplicaría retroactivamente, porque los jubilados no tienen que devolver lo que ya cobraron.
Cabe mencionar que la reforma no afectó los ingresos de militares y Ministros de la Suprema Corte de Justicia en retiro, que técnicamente no cobran pensiones por jubilación, sino "haberes".
