En el kilómetro 23+360 de la Autopista México-Cuernavaca había una bomba a punto de estallar: 17 camiones retacados con normalistas en posesión de 59 petardos caseros amagaban con concretar su ingreso a la Ciudad de México para avivar la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Mientras un retén con cientos de policías capitalinos se levantaba sobre el asfalto para contener la nueva amenaza, los conductores de dos camiones con inconformes adheridos a la Sección 14, de Guerrero, se la volvían a jugar para hacerle frente al cerco de las autoridades.
Los normalistas, que se montaron en las unidades embozados y armados con palos, advertían que iban por sus compañeros, entre los que se encontraban incluso papás de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero nunca llegaron.
El minutero seguía corriendo y, mientras los oficiales formaban de valla, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, operaba de último momento para desactivar la amenaza y dejar desarmados a los inconformes.
Medina, que por primera vez se plantó frente a una protesta en vísperas mundialistas, iba y venía entre los policías, se acercaba al camión de autobús identificado como "Ayotzinapa", se cruzaba de brazos y esperaba.
En el último empujón que terminó por despresurizar la tensión, el funcionario les recordó a los normalistas un compromiso previo, surgido de las reuniones de los últimos meses: "Prometieron no hacer detonaciones de ningún artefacto en sus manifestaciones y plantones".
Los estudiantes alegaron que sí respetarían ese acuerdo, aunque una hora antes, cerca de las 12:20, les habían encontrado casi 60 explosivos metidos en el maletero de uno de los autobuses.
La Secretaría de Gobernación ya sabía que aquellas unidades iban con la carga, por eso desplegó el operativo con cientos de policías.
Según Medina, recibieron denuncias ciudadanas que alertaron a las autoridades y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, empezaron la inspección.
"El objetivo de esta acción fue de carácter preventivo para garantizar la seguridad, la integridad de la expresión en el espacio público y que esta siga en su derecho a la libertad de expresión, pero de manera segura y que no haya elementos que pudieran afectar a los manifestantes o a quienes están en la calle", explicó a la prensa.
A las 09:00 horas del lunes vino el parón, no sólo para los estudiantes que provenían de Guerrero y de Chiapas, sino para comerciantes y pobladores en general. Ya sumaban entre tres y cuatro horas de asfixia y hartazgo.
María del Pilar Flores, una automovilista, sí explotó; tomó la batuta y organizó la fila de vehículos para agarrar el retorno, pero alegaba que las autoridades seguían cercándoles el paso.
"No nos dejan pasar, nos tienen aquí atorados; ¡por allá abajo podemos bajar!", arengó.
"Ya me dirigí de manera atenta, educada, a las autoridades y no me hacen caso, tengo tres horas aquí y no puede ser posible que nos estén haciendo eso y que no nos den atención".
Para Ramón Domínguez, comerciante, el asunto ya se había convertido en mera política, para medir fuerzas, pero celebró el freno de mano de las autoridades, que en tres semanas ha goleado 3-0 a los conflictos sociales.
"Esto no es culpa del Gobierno, esto ya viene de mucho tiempo atrás, lo que ellos pretenden, aunque hay mesas de negociaciones, no van a llegar a ningún acuerdo, a ningún arreglo", decía mientras intentaba averiguar cómo regresar a Cuernavaca.
"Esto es político, se volvió un asunto político, están midiendo fuerzas y qué bueno que el Gobierno de ahorita no se está poniendo en contra de ellos".
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de estudiantes de Mactumatzá y de la propia región guerrerense, tienen prevista una semana de movilizaciones en la Ciudad de México. Planean quedarse hasta el 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial.
Lo que quieren, dijo su representante legal, Isidoro Vicario, es que los investigadores del extinto grupo del GIEI vuelvan a sumarse a las indagatorias oficiales sobre el paradero de las víctimas.
Cerca de las 14:00 horas, los 17 camiones pudieron pasar, con sus ocupantes desarmados y custodiados hasta llegar a Paseo de la Reforma, donde finalmente se sumaron a la CNTE.
María del Jesús, una de las madres de los 43, acusó que los artefactos fueron plantados, con enojo sostuvo que su única arma son las lonas, lágrimas y su deseo de reunirse con representantes de la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.
