La vigilancia sobre el uso de recursos públicos en San Luis Potosí se intensifica en 2026. Entre enero y abril, la Fiscalía General del Estado abrió 189 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, mientras que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) multó a 482 funcionarios municipales por irregularidades en las Cuentas Públicas 2025. Ambas cifras revelan que la presión institucional contra la corrupción y la opacidad administrativa crece desde dos frentes: el penal y el administrativo.
189 investigaciones por delitos de servidores públicos en cuatro meses
De acuerdo con cifras de incidencia delictiva reportadas por la Fiscalía General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se iniciaron 189 carpetas de investigación por “Delitos cometidos por servidores públicos”.
El desglose mensual muestra que en enero se abrieron 46 carpetas, en febrero 57, en marzo 34 y en abril 52. Febrero concentró el mayor número de casos, con poco más de 30% del total registrado en el cuatrimestre. De mantenerse la tendencia, el número de investigaciones al cierre de 2026 podría superar ampliamente lo reportado en años anteriores.
¿Qué conductas se investigan?
La clasificación del SESNSP agrupa ilícitos relacionados con el ejercicio de la función pública. Entre ellos destacan: Cohecho: cuando un servidor público solicita o recibe dinero u otro beneficio indebido a cambio de realizar u omitir actos propios de sus funciones; Peculado: utilizar o desviar recursos públicos para fines distintos a los que estaban destinados; abuso de autoridad: ejercer violencia, negar servicios, retrasar trámites sin justificación o usar indebidamente las facultades del cargo; Uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito; además de otras conductas vinculadas con hechos de corrupción.
IFSE multa a 482 funcionarios municipales por cuentas 2025
En paralelo, el IFSE informó que aplicó multas a 482 funcionarios municipales tras auditar las Cuentas Públicas 2025 de los 59 municipios. Así lo dio a conocer el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien explicó que las sanciones derivan de ocultamiento de información, irregularidades en procedimientos de adjudicación, falta de documentación comprobatoria y otros incumplimientos administrativos. La suma global de las multas asciende a 3 millones 322 mil pesos. Ese monto se destinará al fortalecimiento de actividades de fiscalización y capacitación.
¿Quiénes pagan y qué pasa si no lo hacen?
Los recursos para cubrir las multas provienen directamente del bolsillo de los servidores públicos sancionados, entre ellos alcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social. Las sanciones se impusieron tras concluir procedimientos administrativos de ejecución (PAE) llevados a cabo en forma de juicio.
“En el IFSE tenemos la obligación de cobrar estas multas convertidas en créditos fiscales que el funcionario debe pagar de sus propios recursos. En caso de incumplir, se hacen acreedores a otro tipo de sanciones, además de que no podrán participar en próximos procesos electorales o podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos”, indicó Lecourtois López.
El auditor superior aclaró que la multa es distinta al resarcimiento. La primera es un medio de apremio personal para hacer cumplir la ley. El resarcimiento busca el reintegro de recursos públicos o la corrección de obras. En ambos casos, el objetivo es que el funcionario responda por faltas en la administración del dinero público.
“En el pasado hubo más tolerancia con quienes cometieron irregularidades y por tanto se generaron pocas multas, lo que propició omisiones importantes en la entrega de información y otros procedimientos administrativos”, indicó el titular del IFSE.
Denuncia y antecedentes: más de 1800 mdp observados en 2024
La Fiscalía General del Estado cuenta con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, esta instancia investiga conductas presuntamente cometidas por servidores públicos y por particulares vinculados con el manejo de recursos públicos. Las denuncias pueden presentarse de forma presencial ante la FGE o mediante los mecanismos institucionales habilitados para ese fin.
La Fiscalía Especializada tiene facultades para investigar a funcionarios estatales y municipales. El contexto de estas acciones es relevante: las observaciones a las Cuentas Públicas 2024 superaron los 1800 millones de pesos, de acuerdo con datos difundidos por el IFSE. Cabe destacar que con 189 expedientes penales abiertos en cuatro meses y 482 sanciones administrativas por las cuentas 2025, el combate a la corrupción en San Luis Potosí suma presión desde la investigación penal y la fiscalización administrativa.
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