Integrantes de comunidades indígenas del municipio de Ahome y miembros de organizaciones ambientalistas realizaron una protesta en la bahía de Topolobampo, donde bloquearon el acceso a la planta de fertilizantes que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (Proman-GPO) e ingresaron a las instalaciones para manifestar su rechazo al proyecto, al considerar que representa una amenaza para el ecosistema y para las actividades de subsistencia de las poblaciones costeras.
La movilización fue encabezada por integrantes de la organización ¡Aquí No! y representantes de comunidades indígenas que históricamente han mantenido su oposición a la construcción de la planta de amoniaco. Los manifestantes señalaron que su acción busca defender el territorio y los recursos naturales de la bahía de Ohuira, luego de diversos fallos judiciales que permitieron la reactivación de las obras.
Tras la protesta, Proman-GPO informó que se vio obligada a suspender temporalmente los trabajos en el sitio. La empresa defendió la legalidad del proyecto y aseguró que cuenta con todas las autorizaciones socioambientales requeridas tanto a nivel nacional como internacional, además de señalar que su experiencia en el sector químico y energético se sustenta en cuatro décadas de operaciones en distintos países.
Los opositores sostienen que la planta pone en riesgo un ecosistema de alto valor ambiental. Destacaron que la bahía de Ohuira está protegida como Sitio Ramsar y forma parte de una zona reconocida por la Unesco debido a su riqueza biológica. Indicaron que el área sirve de refugio para especies como el delfín nariz de botella, tortugas marinas, aves migratorias y extensas áreas de manglar, fundamentales para la actividad pesquera de las comunidades indígenas y ribereñas.
Los inconformes también cuestionaron los procesos de consulta realizados en 2022, argumentando que no fueron libres, previos ni plenamente informados. Felipe Montaño, dirigente indígena, afirmó que su comunidad desconoce los acuerdos alcanzados por otros gobernadores tradicionales que respaldaron el proyecto.
“Ellos vendieron a nuestros pueblos y nos traicionaron. No estamos de acuerdo con que digan que hubo una consulta previa, libre e informada cuando eso no es verdad”, expresó.
La controversia en torno a la planta se remonta a 2014, cuando inició su construcción sin consulta previa a las comunidades indígenas. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó los permisos otorgados y ordenó realizar un nuevo proceso de consulta entre las comunidades potencialmente afectadas.
Posteriormente, ocho de las doce comunidades consultadas respaldaron el proyecto, mientras que cuatro —Paredones, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Topolobampo— se pronunciaron en contra. Con base en ese proceso, un juez federal validó la consulta en 2024, lo que permitió a Proman-GPO retomar la construcción.
El proyecto contempla una inversión de mil 250 millones de dólares y prevé una producción diaria de 2 mil 200 toneladas de amoniaco. Además, cuenta con respaldo financiero internacional, incluyendo garantías del Banco de Reconstrucción de Alemania.
Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, llamó al diálogo entre las partes y ofreció recibir a las comunidades inconformes en Palacio de Gobierno para escuchar sus planteamientos. La mandataria señaló que estudios técnicos realizados por especialistas concluyen que las plantas industriales proyectadas para Topolobampo, incluida la de GPO y la de Mexinol, no representan daños ambientales bajo su esquema de operación.
Asimismo, destacó que recientemente sostuvo reuniones con gobernadores tradicionales de Ahome que respaldan la industrialización de la región y consideran válida la consulta realizada en 2022, lo que mantiene vigente el debate entre quienes impulsan el desarrollo económico y quienes priorizan la conservación ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
