Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigió que la red de presuntos extorsionadores desmantelada esta semana en Acapulco sea investigada por el asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
En entrevista, el activista señaló que Suástegui había denunciado amenazas y actos de extorsión por parte de integrantes de este grupo criminal contra prestadores de servicios turísticos, principalmente en la playa Icacos.
El 18 de abril de 2025, Suástegui fue atacado a balazos cuando salía de la playa Icacos. Recibió disparos por la espalda y resultó gravemente herido. Ocho días después falleció en un hospital. Además de encabezar el CECOP, era líder de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (ATDRPI).
"Los operadores de ese señor (Jesús Zamora, presunto líder de la red criminal) eran los que iban a la playa Icacos a exigirle una cuota a los restauranteros, a los que rentan lanchas, motos acuáticas, sombrillas y hasta a los vendedores ambulantes", afirmó Barrera.
Recordó que, en una ocasión, Suástegui y otros prestadores de servicios accedieron a reunirse con operadores de Jesús Zamora y aceptaron pagar una cuota para poder trabajar. Sin embargo, posteriormente las exigencias económicas aumentaron y el dirigente se negó a seguir cubriéndolas.
"En represalia de que Marco Antonio se negó a pagar la cuota, los delincuentes le robaron dos motos acuáticas y además, en una ocasión, lo intentaron asesinar cuando, a bordo de su camioneta, se dirigía a los bienes comunales de Cacahuatepec", relató.
Barrera aseguró que, tras esos hechos, Suástegui solicitó medidas cautelares a los gobiernos federal y estatal debido al riesgo que enfrentaba.
"A la Gobernadora Evelyn Salgado también se le dijo de la situación de riesgo que estaba viviendo Marco Antonio Suástegui, pero nunca hizo nada", sostuvo.
El director de Tlachinollan consideró que la captura de los 11 presuntos integrantes de esta organización representa una oportunidad para que la Fiscalía General del Estado fortalezca las investigaciones y obtenga elementos que permitan solicitar órdenes de aprehensión contra los responsables del homicidio.
En abril pasado se cumplió un año del asesinato del dirigente del CECOP y de la ATDRPI, sin que hasta ahora haya personas procesadas por el crimen.
"A los pocos días de que el grupo criminal de extorsionadores de las playas asesinó a Marco Antonio, la Gobernadora Evelyn Salgado atendió a sus familiares y les prometió que su Gobierno haría justicia, y esa no llega aún", reprochó Barrera.
