San Luis Potosí, SLP.- En un juicio de amparo promovido por una profesora de criminología, una jueza federal concedió la suspensión provisional al advertir que las medidas impuestas por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho podrían ser excesivas, desproporcionadas y contrarias a las exigencias mínimas de legalidad y debido proceso.
Las restricciones derivaron de quejas estudiantiles, pero fueron adoptadas sin una investigación formal previa, sin garantizar audiencia o defensa a la persona afectada y, de forma particularmente relevante, por un órgano, el Consejo Técnico Consultivo, que no tiene competencia
La resolución no sólo pone en entredicho una decisión específica; también plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una institución dedicada a la enseñanza e investigación del Derecho continúe incurriendo en actuaciones que parecen ignorar principios tan elementales como la legalidad, la competencia y el debido proceso?
El problema trasciende el caso individual. La Facultad de Derecho forma a futuras y futuros abogados, jueces, fiscales, defensores y servidores públicos. Por ello, quienes ocupan espacios de decisión deberían observar con especial rigor las reglas que diariamente enseñan en las aulas.
Resulta difícil no advertir la contradicción de que quienes enseñan que toda autoridad sólo puede actuar dentro de las facultades que la ley le otorga terminen adoptando decisiones cuya base competencial parece inexistente.
Si bien la suspensión provisional no resuelve el fondo del asunto, sí refleja que, para una autoridad federal, existen elementos suficientes para considerar que la actuación impugnada podría presentar irregularidades relevantes. Y no deja de ser significativo que, una vez más, tenga que ser la Justicia Federal la que recuerde a una Facultad de Derecho la importancia de respetar aquello que todos los días enseña.
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