San Luis Potosí, SLP.- A casi dos años de la tragedia ocurrida en el antro Rich, donde la caída de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y dejó una decena de personas lesionadas, el proceso judicial continúa avanzando, aunque todavía lejos de una sentencia definitiva.
La investigación y el litigio han entrado en una fase intermedia considerada clave para el futuro del caso. En esta etapa, las partes involucradas buscan fortalecer sus argumentos mediante la presentación y depuración de pruebas, así como la definición de los testigos que serán llamados a declarar durante el juicio.
La representación de las víctimas como las defensas y la Fiscalía han solicitado la comparecencia de diversos funcionarios públicos y particulares vinculados con la operación del establecimiento y la supervisión de las condiciones en las que funcionaba el inmueble.
El objetivo es determinar si existieron responsabilidades directas o si hubo omisiones por parte de autoridades y particulares que pudieron contribuir a los hechos registrados aquella noche que conmocionó a San Luis Potosí.
Sin embargo, el avance del procedimiento ha enfrentado nuevos obstáculos. Una recusación promovida por la defensa obligó a suspender momentáneamente las audiencias, situación que podría derivar incluso en la designación de un nuevo juez para conducir el caso, lo que representaría otro retraso dentro de un expediente que sigue generando expectativa entre familiares de las víctimas y la sociedad potosina.
Mientras tanto, la Fiscalía ha endurecido su postura y ya planteó al órgano jurisdiccional una propuesta de condenas que van de los 20 a los 30 años de prisión para los tres imputados. De acuerdo con la solicitud ministerial, uno de los acusados podría enfrentar una pena de 20 años, otro de 25 y un tercero hasta 30 años de cárcel, en caso de acreditarse plenamente su responsabilidad.
Aunque estas penas todavía forman parte de una petición inicial y no constituyen una resolución definitiva, reflejan la gravedad con la que el Ministerio Público está valorando los hechos ocurridos el 7 de junio de 2024.
De manera paralela, continúa abierta la discusión sobre posibles responsabilidades de funcionarios y propietarios relacionados con el inmueble donde ocurrió la tragedia, procesos que se desarrollan de forma independiente al juicio principal contra los detenidos.
A medida que el caso se acerca a la fase de juicio oral, la expectativa crece entre los familiares de las víctimas, quienes siguen exigiendo que la tragedia no quede impune y que se esclarezca el papel de cada una de las personas que pudieron haber intervenido, por acción u omisión, en uno de los episodios más dolorosos registrados en la capital potosina en los últimos años.
.gif)
