Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron al semanario Zeta que las visas de los Gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, aparecen como revocadas en los registros migratorios de ese país, pese a que ambos mandatarios rechazaron públicamente esa versión.
De acuerdo con la publicación, los dos Gobernadores conservan físicamente sus documentos debido a que no han intentado ingresar recientemente a territorio estadounidense, por lo que las autoridades de ese país no han tenido oportunidad de retirárselos.
Las fuentes consultadas por Zeta señalaron que la revocación de las visas estaría relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado o el narcotráfico, aunque declinaron precisar detalles de los expedientes.
Ayer, el diario Los Angeles Times reveló que el Departamento de Estado revocó las visas de ambos Mandatarios, quienes presuntamente son investigados por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Tras la publicación del periódico estadounidense, los dos Gobernadores negaron los señalamientos.
En Sonora, Durazo aseguró en conferencia de prensa que las acusaciones carecen de sustento y negó que las autoridades estadounidenses le hayan retirado la visa.
En Tamaulipas, en un video difundido en sus redes sociales, Villarreal afirmó que se trataba de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respaldara.
Sin embargo, ninguno de los dos mostró una visa vigente ni acreditó ingresos recientes a territorio estadounidense.
Los Angeles Times publicó que Durazo habría perdido la visa desde el año pasado, sin embargo, estaría ingresando a Estados Unidos mediante un permiso especial de libertad condicional por beneficio público significativo, mecanismo utilizado en determinados casos por el Gobierno estadounidense.
Según el diario, ese programa permite a personas no ciudadanas colaborar con autoridades estadounidenses, incluso mediante testimonios ante un gran jurado, para mitigar las consecuencias de cargos reales o potenciales en su contra o contra terceros.
Respecto a Villarreal, el periódico reportó que una investigación relacionada con presunto contrabando de hidrocarburos habría derivado en restricciones migratorias similares, y también contaría con un permiso especial de libertad condicional por beneficio público significativo.
En octubre de 2025, Reuters reportó que al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos habían sido objeto de cancelaciones de visa por parte del Gobierno estadounidense.
Entre los antecedentes recientes también figura el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien autoridades estadounidenses presentaron cargos por narcotráfico en mayo pasado ante una corte federal de Nueva York.
