San Luis Potosí, SLP.- A tres meses de que especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí alertaran sobre la presencia de arsénico, fluoruro y uranio en aguas subterráneas que abastecen a miles de habitantes de la zona metropolitana, las autoridades municipales y los organismos operadores continúan sin presentar una estrategia concreta para atender una problemática que podría tener implicaciones directas en la salud pública.
El pasado 27 de marzo de 2026, el Grupo Universitario del Agua, encabezado por el doctor Fernando Díaz Barriga, dio a conocer los resultados de una investigación que encendió las alertas sobre la calidad del agua en municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes y Cerro de San Pedro.
Durante un año, investigadores analizaron más de 300 muestras de agua provenientes de pozos de uso público urbano, agrícola e industrial. Los resultados revelaron la presencia de contaminantes que, en diversos puntos, rebasan los límites recomendados para la protección de la salud, particularmente de niñas y niños.
Los estudios identificaron concentraciones elevadas de arsénico y fluoruro, además de la presencia de uranio y nitratos en determinadas zonas. Los especialistas advirtieron que, aunque parte de la composición química del agua tiene origen natural, también existen evidencias de afectaciones derivadas de actividades humanas.
Pese a la magnitud del hallazgo, el tiempo ha transcurrido sin que exista una respuesta institucional clara.
En su momento, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que Interapas realizaría estudios para evaluar la situación y determinar posibles acciones. Sin embargo, tres meses después no se han dado a conocer resultados, programas de atención ni medidas preventivas dirigidas a la población.
Para el doctor Fernando Díaz Barriga, lo más preocupante es que las autoridades parecen haber minimizado un problema respaldado por evidencia científica.
“A mí no se me han acercado. No tengo datos de que estén trabajando en una solución y los datos son claros. Los niveles de flúor y arsénico están por arriba de lo que deberían estar para proteger la salud de las infancias. No hay manera de discutirlo; son datos técnicos y claros”, afirmó.
El especialista señaló que la propuesta planteada por el Grupo Universitario del Agua no implica realizar costosos procesos para limpiar la totalidad del recurso hídrico que se extrae de los acuíferos, sino concentrar esfuerzos en garantizar agua segura para consumo humano.
La alternativa consiste en impulsar una red de plantas potabilizadoras y rellenadoras equipadas con sistemas de ósmosis inversa, tecnología capaz de remover contaminantes como arsénico y fluoruro.
“Cada municipio tendría que desarrollar su propia red de potabilizadoras y rellenadoras y vigilar que el agua que están tratando y vendiendo cumpla con la normativa de protección a la salud”, explicó.
Incluso planteó que en las zonas de mayor vulnerabilidad económica el acceso al agua potable debería garantizarse de manera gratuita, al considerar que el volumen requerido para beber y preparar alimentos representa una fracción mínima del consumo total.
“No es necesario limpiar toda el agua que utilizamos para el aseo personal, para lavar ropa o trastes. Lo que sí es indispensable es limpiar el agua que se usa para beber y preparar alimentos”, sostuvo.
Mientras tanto, la contaminación documentada en los acuíferos permanece como una advertencia científica sin respuesta gubernamental visible. Para Díaz Barriga, postergar las decisiones significa trasladar el problema a futuras administraciones y dejar en segundo plano un asunto que impacta directamente en la salud de la población.
“No hay otro camino. El otro sería ignorarlo y heredarlo a la siguiente administración. Eso es invisibilizar la salud y va en contra de los derechos humanos”, concluyó.
La alerta fue lanzada hace tres meses. La propuesta técnica también está sobre la mesa. Lo que sigue ausente es la voluntad institucional para convertir el diagnóstico en acciones concretas.
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