Los planes del Ayuntamiento no salieron como se los propuso, el remate de 18 terrenos municipales para financiar obras públicas enfrenta un escenario muy adverso y lo que iba a ser una solución, se convirtió en un problema que se expresa en el reciente crédito de 218 millones de pesos con un tasa de interés que se debe clarifica así como el origen de los recursos que se usarán para pagar la deuda antes de que concluya el trienio.
Lo que fue presentado como una estrategia financiera innovadora para obtener recursos extraordinarios sin recurrir al endeudamiento terminó encontrando fuertes resistencias sociales y jurídicas que han puesto en entredicho su viabilidad, la principal señal del fracaso se refleja en que al menos cuatro de los predios contemplados para su venta fueron impugnados mediante juicios de amparo promovidos por ciudadanos y organizaciones vecinales.
Los recursos legales han frenado diversos procedimientos y han abierto un debate sobre la legalidad, transparencia y conveniencia de desprenderse de bienes públicos que forman parte del patrimonio municipal; destacan los relacionados con áreas verdes y espacios de uso comunitario, donde habitantes de distintas colonias argumentan que el gobierno municipal privilegia intereses inmobiliarios sobre las necesidades colectivas.
Las inconformidades sociales se transformaron en litigios que hoy mantienen bajo escrutinio las decisiones adoptadas por la administración capitalina con un Cabildo con apenas una o dos voces de oposición, la mayoría no regatea nada.
La discordancia entre sociedad y el ayuntamiento se muestra en el proyecto del paso a desnivel en El Saucito que carece del consenso vecinal necesario, o el caso del bosque urbano de Puente de Piedra, con un amparo de las familias que le dieron vida a esta área de donación, no hay “mano negra” como dijo Galindo para tratar de descalificar a quienes rechazan la venta del terreno o que eran unos cuantos.
La consecuencia más visible de la falta de recursos es que Galindo se vio obligado a recurrir a un crédito por 218 millones de pesos para mantener la ejecución de obra pública como su carta de presentación para buscar la gubernatura en el 2027, para el regidor Gustavo Jesús Garay la deuda demuestra que la estrategia original carecía de la solidez técnica y política necesaria para concretarse, se subestimó la capacidad de organización ciudadana y el potencial de los recursos legales para frenar decisiones consideradas lesivas para el patrimonio colectivo de la ciudad, además de que se cometieron errores en la subasta.
A poco más de un año de concluir la gestión municipal, el conflicto por los terrenos y la contratación del crédito dejan un saldo político negativo, el tiempo corre en su contra y es casi un hecho que las obras no se vayan a concluir antes de que se vaya, como es el caso del paso a desnivel de El Saucito, técnicamente es una obra muy compleja, si se realiza requiere más de un año.
