La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, objetó ante la FGR la legalidad del citatorio que le giraron para declarar como testigo por el caso de los agentes de la CIA, ya que no especifica formalmente el motivo del requerimiento y la ley exceptúa a los Gobernadores de la obligación de comparecer ante el Ministerio Público.
Acompañada de políticos de la Oposición, la Mandataria estatal se presentó esta mañana en la sede de la Fiscalía Federal en la CDMX, donde entregó un escrito en el que manifiesta que el día de hoy no iba rendir su testimonio porque la citación carece de fundamento.
"No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación", dice el escrito presentado por Campos.
"Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida".
"El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución".
