San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado perfila un nuevo retraso en el cumplimiento de las consultas indígenas y para personas con discapacidad ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), situación que dejaría prácticamente sin posibilidad de aplicarse en el proceso electoral de 2027 cualquier cambio relacionado con elecciones bajo sistemas normativos internos o usos y costumbres en municipios indígenas de San Luis Potosí.
En reunión privada este martes, entre diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como diputados interesados, sostuvieron una reunión con funcionarios de la SCJN encargados de dar seguimiento a diversas acciones de inconstitucionalidad derivadas de reformas aprobadas sin consulta previa a pueblos originarios, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
En el encuentro participaron funcionarios de la Corte como Fermín Santiago Santiago, secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad; Arely Hernández Jiménez, secretaria de estudio y cuenta; y Daniel Fajardo Ortiz, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes.
Aunque el Congreso aseguró que en los últimos meses se han elaborado “marcos lógicos” y mesas de trabajo con dependencias estatales como el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), los legisladores admitieron que el principal problema sigue siendo la falta de recursos económicos para realizar las consultas.
Ante este escenario, el Congreso volvió a plantear la posibilidad de que sea el Gobierno del Estado quien opere las consultas a través de un convenio con el INDEPI, luego de que anteriormente se buscara trasladar la responsabilidad al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), alternativa que finalmente fue descartada por cuestiones legales.
Tras el encuentro con funcionarios de la SCJN, los diputados insistieron en que el nuevo enfoque será construir primero un protocolo avalado por la Corte, con el objetivo de evitar nuevas impugnaciones como las que invalidaron consultas realizadas durante la pasada legislatura. El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, señaló que una de las propuestas es que el Ejecutivo estatal participe directamente en la organización del proceso consultivo.
Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, reconoció que el Congreso continúa sin resolver el tema presupuestal y explicó que las recientes restricciones constitucionales federales impiden ampliar el presupuesto del Poder Legislativo, pese a la obligación judicial de cumplir con las consultas ordenadas por la Corte. Según detalló, una de las alternativas planteadas consiste en avanzar por etapas y buscar que el presupuesto de 2027 ya contemple recursos específicos para desarrollar las consultas.
Serrano Cortés explicó que la intención es establecer reglas claras sobre sedes, participantes, logística y alcances de las consultas para reducir riesgos jurídicos y también disminuir costos operativos.
Actualmente, el cálculo preliminar para realizar las consultas ronda los 15 millones de pesos; sin embargo, el Congreso aseguró que busca reducir significativamente esa cifra.
Cabe destacar que a pesar del discurso de cumplimiento gradual, hasta el momento no existe un calendario oficial para iniciar las consultas ni se han definido públicamente las etapas concretas del proceso, mientras persisten las presiones legales y políticas para que el Congreso acate las resoluciones de la SCJN.
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