El Estado mexicano incumplió el plazo extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados a raíz de la reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con el Cyrus R. Vance Center for International Justice, organización que promovió el recurso en representación de los afectados, el Gobierno de México tenía como fecha límite el pasado 15 de mayo para presentar sus observaciones preliminares.
La magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las firmantes del recurso, consideró que la falta de respuesta va más allá de una simple omisión administrativa, pues representa una postura política clara de rechazo al escrutinio internacional.
"Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia Comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país", indicó.
El litigio comenzó formalmente el 6 de mayo de 2025 con la presentación de la demanda. Posteriormente, el 15 de enero de este año, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión notificó formalmente al Gobierno mexicano y le trasladó el expediente.
Aunque el plazo ordinario de contestación era de tres meses, las autoridades mexicanas obtuvieron una prórroga extraordinaria para extenderlo a cuatro, una ventana legal que venció de forma definitiva a mediados de este mes sin que se emitiera respuesta.
En el fondo del recurso legal, los juzgadores sostienen que la reforma que impone la elección de impartidores de justicia por voto popular viola flagrantemente los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
