O los diputados locales de San Luis Potosí son demasiado ingenuos, cortos de entendimiento y comprensión, o son perversos y mañosos. No hay muchas opciones.
Me refiero a la ley promovida por Héctor Serrano, aunque al diputado del Partido Verde no le guste que le llamen la #LeySerrano, aprobada por mayoría en el Congreso del Estado en noviembre del año pasado. En apariencia, la norma busca regular el uso de la inteligencia artificial y sancionar conductas que, según sus términos, puedan “provocar alarma social”.
Para justificar su aprobación, recurrieron a argumentos sensibles y legítimos: la alteración o modificación de imágenes con contenido sexual, especialmente cuando afecta a mujeres, niñas y niños. Hasta ahí, en teoría, el propósito parece correcto. Nadie podría oponerse a castigar ese tipo de abusos.
El problema grave está en el trasfondo.
De forma mañosa, y todo indica que bien calculada, dejaron peligrosamente abierta una llave que también puede utilizarse para perseguir periodistas, opositores y voces incómodas. Esa es la trampa. La ley se presenta envuelta en buenas intenciones, pero contiene un resquicio ambiguo que puede convertirse en arma política cuando al poder le convenga.
No nos dejemos engañar: esta ley represora trae truco. La disfrazan como una herramienta para proteger a las víctimas, pero dolosamente permiten que pueda usarse para censurar, intimidar o castigar a quienes cuestionen al gobierno.
Varios diputados han pedido “confianza”. Dicen que no se utilizará para perseguir periodistas ni opositores. ¿De verdad creen que somos tan ingenuos como para creerles? Precisamente los diputados están entre los actores públicos con menor credibilidad ante la sociedad. Pedir confianza, después de aprobar una norma ambigua y peligrosa, no es argumento: es cinismo.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, al advertir posibles violaciones a derechos fundamentales. ¿Así o más claro?
No nos dejemos engañar. Esta infame ley nació con un problema de fondo: su redacción perversa y ambigua abrió la puerta a la censura, al castigo político y a la persecución de voces críticas.
Lamento decirlo, pero las primeras denuncias penales ya existentes contra periodistas son apenas el inicio de lo que puede venir. La llave de la represión ya está colocada. Ahora el riesgo es que el poder decida cuándo abrirla.
