Como "una burda cortina de humo" calificó Alberto Rojo Zavaleta, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, la iniciativa para que aspirantes a cargos de elección popular pasen por un filtro de revisión de autoridades de seguridad antes de ser candidatos.
Rojo Zavaleta sostuvo que la propuesta carece de racionalidad y proporcionalidad, y acusó directamente a Morena de ser el partido con vínculos señalados con el crimen organizado; el funcionario priista argumentó que la medida debería dirigirse internamente a Morena para que modifique sus estatutos.
"Que sus candidatos ya dejen de ser cómplices del crimen organizado, porque no debemos olvidar que todas las acusaciones de vínculos con el crimen son dirigidas a funcionarios postulados por Morena. ¿Por qué vas a atribuir a los demás partidos un problema que es único de Morena?", cuestionó.
Agregó que Morena "jamás va a establecer este tipo de obligaciones partidarias porque se quedarían sin militancia" y afirmó que "Morena lleva en sus genes la resolución indisoluble con la criminalidad. Morena es el brazo político de la mafia"; además el funcionario priísta señaló que la iniciativa es jurídicamente inviable, "no se justifica que las autoridades de seguridad, que se han caracterizado por su ineficacia para brindar seguridad a los mexicanos, sean los que decidan quiénes sí y quiénes no pueden ser candidatos en una contienda", dijo.
Rojo Zavaleta advirtió que, sin una resolución firme de autoridades jurisdiccionales que declare culpable a una persona, no se justifica que una autoridad policiaca "verifique la integridad de los aspirantes" y condicione el acceso a una candidatura. "Insisto que este tipo de aberraciones jurídicas no superan un test de racionalidad y proporcionalidad, ya que no se justifica racionalmente que a través de este requisito fascista, se restrinjan los derechos políticos de los ciudadanos", subrayó.
Finalmente, el priista delimitó el papel que, a su juicio, deben tener los organismos de seguridad, "los organismos policiacos y las agencias de procuración de justicia deben hacer su trabajo que es prevenir los delitos, investigar la comisión de éstos y llevar a los responsables ante la autoridad jurisdiccional, pero no inmiscuirse en procesos electorales, ni restringir los derechos ciudadanos".
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