San Luis Potosí, SLP.- La denuncia de una presunta red de acoso laboral y represalias dentro del Hospital General de Zona del IMSS en Cuauhtémoc volvió a colocar bajo la lupa el ambiente interno en la institución. La enfermera Leticia Ávila, con más de 11 años de servicio, acusó haber sido despedida de manera injustificada luego de encabezar inconformidades relacionadas con violencia laboral y respaldar a un médico que presuntamente fue agredido por personal de vigilancia y elementos municipales.
Acompañada por el abogado laboralista Juan Miguel Vázquez Chaves, la trabajadora sostuvo que su rescisión laboral ocurrió después de que participó activamente en manifestaciones y quejas internas para denunciar presuntos abusos dentro del hospital.
El litigante afirmó que el área jurídica del instituto sustentó el despido en declaraciones de trabajadores de confianza y en una videograbación que, aseguró, fue obtenida de manera irregular. Señaló además que las acciones de su representada estuvieron protegidas por el derecho a la libre manifestación y que existían motivos legítimos detrás de las protestas realizadas por personal médico y de enfermería.
Durante la rueda de prensa, el abogado cuestionó directamente la actuación de las autoridades del IMSS en San Luis Potosí y responsabilizó al director del hospital, Víctor Manuel Quintero Rivera, así como a la delegada estatal, Cristina Rodríguez Néstor, de permitir un ambiente hostil contra trabajadores que alzan la voz.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos fue que Leticia Ávila tenía programada una intervención quirúrgica por un problema renal el mismo día en que le notificaron la rescisión laboral. Según su defensa, el procedimiento médico habría sido suspendido bajo el argumento de falta de herramientas médicas suficientes, situación que calificaron como una vulneración a su derecho a la salud.
La enfermera relató que, además del impacto emocional, el despido ha generado afectaciones económicas y personales severas. Expresó sentirse desprotegida y señaló que muchos trabajadores del instituto prefieren guardar silencio por temor a sufrir consecuencias similares.
“Ya se normalizó la violencia y eso no debe permitirse”, declaró, al tiempo que hizo un llamado a sus compañeros para no callar ante presuntos abusos laborales.
Ávila aseguró que detrás de las puertas del hospital varios empleados le han compartido experiencias similares relacionadas con malos tratos y presiones internas, aunque pocos se atreven a denunciar públicamente por miedo a represalias.
El abogado informó que ya se inició el proceso legal correspondiente ante instancias federales laborales y adelantó que buscarán la reinstalación de la trabajadora por considerar que el despido fue ilegal. También pidió la intervención de la Delegación 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezada por Antonio Valderas, para respaldar a la enfermera y gestionar una solución inmediata.
Además de las acusaciones por acoso laboral, la enfermera señaló que otro de los problemas constantes dentro del hospital es el presunto desabasto de materiales e insumos médicos, situación que —dijo— afecta directamente la atención a pacientes y las condiciones laborales del personal.
El caso vuelve a abrir el debate sobre las condiciones internas en instituciones de salud pública y el temor que, según trabajadores, persiste entre quienes intentan denunciar irregularidades dentro del sistema.
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