Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusó que autoridades han permitido que grupos del crimen organizado tomen control de comunidades de Guerrero, donde persisten desapariciones y asesinatos.
Durante un taller impartido por Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, en instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), el activista advirtió que "están prendidos los focos rojos" en distintas regiones de la entidad.
"Lo que está pasando en estas comunidades es por el control territorial donde las autoridades han dejado que el crimen organizado tome las riendas y a la gente la sigan desapareciendo", afirmó.
Barrera señaló el caso del municipio de Chilapa, donde entre el 6 y el 11 de mayo se registraron ataques con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones contra pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
En esa zona, dijo, al menos cinco personas continúan desaparecidas.
"Tenemos conocimiento de que en estas comunidades cinco personas siguen desaparecidas y lo que ocurrió ahí es culpa de las autoridades, que no hicieron nada para prevenir esta situación", sostuvo.
También refirió el caso de la comunidad de Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, donde se han documentado al menos 13 desapariciones forzadas en los últimos seis años.
El defensor recordó además el caso de dos comuneros de El Carrizalillo, municipio de Zumpango de Neri, quienes -aseguró- fueron desaparecidos por grupos criminales mientras defendían su territorio frente a intereses vinculados con la explotación minera.
Según Barrera, empresas extractivistas y autoridades mantienen vínculos con organizaciones criminales que operan en Guerrero.
Durante el encuentro, Samantha Valeria Colón Morales denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha detenido a una persona que considera clave en la desaparición de su esposo, Iván Vicente Suástegui Muñoz, privado de la libertad en agosto de 2021 en Ciudad Renacimiento, Acapulco.
También recordó el caso sin resolver de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Pueblos y Ejidos Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien fue asesinado en Acapulco en abril de 2025 y que encabezaba la búsqueda de su hermano Vicente.
"Ese Fiscal (Zipacná Jesús Torres Ojeda) no sirve para nada porque no ha resuelto el caso de mi esposo ni tampoco el de Marco Antonio", reclamó.
Barrera cuestionó además la respuesta oficial frente a la violencia contra personas de escasos recursos.
"Cuando asesinan o desaparecen a gente pobre, siempre salen con la versión de que fue un conflicto entre comunidades o un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. Pero si ya lo sabían, ¿por qué no tomaron medidas?, ¿por qué no actuaron?", cuestionó.
Para el activista, en Guerrero se ha normalizado la violencia derivada de desapariciones forzadas y homicidios.
Asimismo, sostuvo que el gobierno no puede deslindarse de responsabilidad, al considerar que los grupos criminales que perpetran desapariciones operan con apoyo o aquiescencia de autoridades.
Por su parte, David Molina, integrante del colectivo Lupita Rodríguez, afirmó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas carece de autonomía porque depende de la Secretaría General de Gobierno.
"Nos han impuesto comisionados que no reúnen el perfil y mientras quien esté al frente sea un primo o un amigo del titular del Poder Ejecutivo, en nada van a ayudar a los colectivos", acusó.
Los colectivos informaron a la representante de la ONU que solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda independiente y, ante la falta de respuesta, promovieron un recurso de amparo.
Neil Arias Vitinio, integrante del equipo jurídico de Tlachinollan, afirmó que no basta con abrir espacios de diálogo para los colectivos, sino que la Fiscalía debe avanzar en las investigaciones.
"No se trata de que el Fiscal nos diga que hay un espacio para hablar; se trata de que cumpla con investigar las carpetas de desaparición", sostuvo.
Arias añadió que acompaña al colectivo Luciérnaga, que ha documentado 60 casos de personas desaparecidas en la región de la Montaña, y advirtió que muchas de las víctimas son defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Tras escuchar los testimonios, Ana Lorena Delgadillo calificó de "preocupante" la situación de Guerrero y señaló que el reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas puede servir como herramienta para impulsar políticas públicas de protección a personas defensoras.
La especialista advirtió además que no existe una estadística sobre defensores ambientales desaparecidos en Guerrero y pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos recabar esa información.
"Los pueblos indígenas defensores de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente enfrentan a grupos muy poderosos, coludidos con el crimen organizado y con capacidad de vincularse con autoridades para apropiarse de los recursos naturales", afirmó.
