La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, informó que la nueva Norma Técnica Ecológica Estatal NTE-SEGAM 2026 obligará a los hornos artesanales a operar exclusivamente con gas LP o gas natural, dejando fuera combustibles como llantas, plásticos y basura, materiales que durante años han contribuido al deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana.
La funcionaria explicó que la regulación entrará en vigor de manera obligatoria en enero de 2027, por lo que actualmente se realizan mesas de socialización con productores, académicos, industriales y ciudadanía para preparar la transición energética del sector.
Una contaminación que ya impacta la salud
El debate sobre las ladrilleras no es nuevo en San Luis Potosí. Durante años, especialistas ambientales y académicos han advertido que la quema de materiales tóxicos representa uno de los focos de contaminación atmosférica más persistentes de la zona metropolitana.
El investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fernando Díaz Barriga, ha señalado que el estado enfrenta un escenario crítico en materia ambiental debido a la falta de monitoreo suficiente y de regulación efectiva sobre emisiones contaminantes. De acuerdo con estudios y diagnósticos elaborados desde la academia, las ladrilleras forman parte de las principales fuentes de contaminación ambiental en San Luis Potosí, junto con la actividad industrial y el manejo inadecuado de residuos.
Especialistas advierten que la quema de llantas, basura y plásticos libera partículas tóxicas, humo denso y compuestos peligrosos que afectan principalmente a niñas, niños y adultos mayores, incrementando problemas respiratorios, alergias y otros padecimientos asociados con la mala calidad del aire. Incluso la propia Segam reconoció recientemente que el uso de combustibles prohibidos representa un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.
El reto de transformar una actividad histórica
Aunque el anuncio de la migración hacia gas LP o natural ha sido recibido como un paso importante, expertos consideran que el desafío real será garantizar que la regulación sí se cumpla y no quede únicamente en el papel. La Segam admitió que actualmente ni siquiera existe un padrón confiable de ladrilleras en el estado, situación que refleja el descontrol con el que históricamente ha operado esta actividad.
Además, la dependencia reconoció que las clausuras y sanciones aplicadas hasta ahora no han sido suficientes, ya que muchos hornos vuelven a operar poco tiempo después o se reinstalan en otras zonas urbanas. Académicos y organizaciones ambientales han insistido en que el problema debe abordarse desde una visión integral que incluya regulación, vigilancia, apoyos económicos y alternativas tecnológicas para los productores. La propia Mendoza Díaz aseguró que existe disposición del Gobierno del Estado para generar mecanismos de apoyo que permitan a los fabricantes acceder con mayor facilidad al suministro de gas y modernizar sus procesos de producción.
Migrar a energías limpias, una necesidad ambiental
La transición hacia combustibles menos contaminantes no sólo busca reducir emisiones visibles de humo, sino disminuir la liberación de partículas y compuestos tóxicos derivados de la quema de residuos. La nueva norma prohíbe expresamente el uso de llantas, plásticos y basura como combustible y obliga a las ladrilleras a implementar controles ambientales, mediciones de emisiones y protocolos de seguridad.
Expertos consideran que la migración hacia gas LP y gas natural puede representar una reducción importante en contaminantes atmosféricos, además de mejorar las condiciones de trabajo de quienes dependen económicamente de esta actividad. Sin embargo, advierten que el éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para supervisar el cumplimiento de la norma y evitar que continúe la operación clandestina de hornos contaminantes.
Cabe destacar que mientras el gobierno estatal impulsa la transición ecológica, la contaminación provocada por las ladrilleras continúa siendo visible y respirable en distintos sectores de la capital potosina, reflejando un problema ambiental que durante décadas avanzó entre la permisividad institucional, la falta de regulación municipal y la ausencia de políticas públicas eficaces para proteger la salud de la población.
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