San Luis Potosí, SLP.- La contaminación que generan las ladrilleras volvió a colocarse en el centro del debate ambiental en San Luis Potosí, luego de que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) confirmara que prepara una regulación más estricta para este sector, con la intención de poner fin a la quema de residuos altamente contaminantes utilizados en la fabricación de ladrillo.
La nueva disposición obligará a los hornos artesanales a operar exclusivamente con gas natural o gas LP, dejando fuera prácticas como el uso de llantas, plásticos y basura como combustibles, materiales que durante años han contribuido al deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, informó que recientemente se realizó un foro para presentar la Norma Técnica Ecológica 003/25, documento que definirá las condiciones para la instalación y operación de ladrilleras en el estado.
Aunque la norma ya fue publicada desde el pasado 8 de enero, su aplicación obligatoria entrará en vigor hasta enero de 2027, por lo que actualmente la autoridad busca socializar los lineamientos con productores, académicos, industriales y ciudadanía antes de que comiencen las sanciones formales.
La funcionaria explicó que esta regulación surge a partir de un proceso legal derivado del caso Cambio de Ruta, mediante el cual se ordenó al Estado generar mecanismos ambientales que permitan controlar las emisiones contaminantes provenientes de este tipo de actividad.
Uno de los puntos que más preocupa a la autoridad es que ni siquiera existe un padrón confiable de ladrilleras en San Luis Potosí, situación que evidencia el nivel de descontrol con el que ha operado este sector durante años. A ello se suma que, pese a operativos, clausuras y sanciones, muchos hornos vuelven a funcionar poco tiempo después, incluso tras haber sido sorprendidos contaminando.
La propia Segam reconoció que las medidas coercitivas aplicadas hasta ahora no han logrado resolver el problema de fondo, debido a que los responsables suelen evadir las restricciones y reinstalarse en otros puntos de la mancha urbana.
Mientras el gobierno estatal plantea endurecer las reglas ambientales, el reto real parece estar en garantizar que la norma no termine convertida únicamente en otro documento burocrático sin capacidad de vigilancia efectiva. Porque aunque el discurso oficial habla de transición ecológica y protección ambiental, la contaminación provocada por ladrilleras sigue respirándose diariamente en distintos sectores de la ciudad, dejando en evidencia años de permisividad institucional, falta de control municipal y una estrategia ambiental que hasta ahora no ha logrado frenar un problema que lleva décadas afectando la salud pública.
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