Mientras el Congreso del Estado de San Luis Potosí acumula alrededor de 229 iniciativas pendientes de resolución y mantiene una eficacia legislativa de apenas 57 por ciento, diputados locales impulsan ahora la creación de un órgano interno de evaluación legislativa, en medio de un debate sobre quién y cómo debe calificar el trabajo parlamentario.
La discusión surge en un contexto marcado por las evaluaciones periódicas de Congreso Calificado, plataforma ciudadana que desde hace varios años mide el desempeño de las y los diputados potosinos mediante indicadores relacionados con productividad, transparencia, asistencia, trabajo en comisiones e impacto legislativo.
Más de mitad de iniciativas presentadas están atoradas
De acuerdo con la evaluación más reciente difundida por el observatorio ciudadano, la actual Legislatura ha presentado 532 iniciativas durante el actual periodo legislativo; sin embargo, casi la mitad permanece atorada en comisiones o sin dictaminarse.
Aunque el informe no detalla qué grupo parlamentario concentra el mayor número de asuntos rezagados, evaluaciones históricas señalan que las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Gobernación y Hacienda son algunas de las áreas con más carga de trabajo pendiente.
Proponen comité interno de evaluación
En medio de este escenario, los diputados Carlos Arreola Mallol y José Roberto García Castillo presentaron una iniciativa para crear un Comité de Evaluación Legislativa dentro del Congreso del Estado. La propuesta busca establecer un mecanismo institucional que permita medir el desempeño parlamentario mediante indicadores oficiales y criterios internos, con el objetivo de evaluar el trabajo legislativo, el cumplimiento de metas y el impacto de las iniciativas presentadas.
Los legisladores promoventes argumentaron que el Congreso necesita contar con herramientas técnicas y permanentes para revisar la eficacia del trabajo parlamentario y fortalecer la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. La iniciativa también plantea que las evaluaciones no se limiten únicamente a la cantidad de iniciativas presentadas, sino que consideren factores como el impacto social de las reformas, la calidad legislativa y los resultados obtenidos.
El papel de Congreso Calificado
Desde hace casi una década, Congreso Calificado se ha consolidado como uno de los ejercicios ciudadanos más visibles para evaluar a diputadas y diputados locales en San Luis Potosí. El observatorio, encabezado por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, sostiene que su objetivo es generar mecanismos de vigilancia ciudadana y transparentar el desempeño del Poder Legislativo.
La metodología de la organización considera aspectos positivos y negativos del trabajo parlamentario. Entre los criterios que otorgan puntos se encuentran la presentación y aprobación de iniciativas, asistencia a sesiones y comisiones, transparencia y vinculación ciudadana. También se descuentan puntos por inasistencias, iniciativas caducas o incumplimientos administrativos.
Evaluaciones generan debate
Sin embargo, las mediciones de Congreso Calificado no han estado exentas de críticas dentro del propio Congreso local. Uno de los principales cuestionamientos ha sido que las evaluaciones privilegian la cantidad de iniciativas sobre la calidad o profundidad de las reformas impulsadas. Por ejemplo el diputado Carlos Arreola Mallol ha señalado previamente que algunos indicadores utilizados por el observatorio no contemplan adecuadamente el peso de reformas constitucionales o cambios legislativos de gran impacto social. A pesar de ello, organizaciones civiles y sectores ciudadanos han defendido la existencia de este tipo de evaluaciones al considerar que permiten a la población conocer el desempeño de sus representantes y ejercer un mayor nivel de exigencia pública.
Los mejores y peores evaluados
La evaluación trimestral más reciente colocó a María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como la legisladora mejor evaluada, con 7.04 puntos. Le siguieron Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, con 4.95 puntos; Tomás Zavala González, del Partido del Trabajo, con 4.22; Rubén Guajardo Barrera, del PAN, con 3.65; y Crisógono Pérez López, de Nueva Alianza, con 3.50 puntos.
En contraste, las calificaciones más bajas fueron para Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, del PVEM, con -1.82 puntos; Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena, con -1.71; Brisseire Sánchez López, con -0.99; Nancy Jeanine García Martínez, con -0.50; y Jacqueline Jáuregui Mendoza, del PT, con 0.24 puntos.
Cabe destacar que el debate sobre quién debe evaluar al Congreso, si organismos ciudadanos externos o mecanismos institucionales internos, ocurre en un momento en el que el rezago legislativo y la productividad parlamentaria continúan bajo la lupa pública en San Luis Potosí.
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