San Luis Potosí, SLP.- La difusión de un video grabado presuntamente en la Unidad de Medicina Familiar No. 7 del IMSS en San Luis Potosí volvió a poner sobre la mesa el ambiente de tensión que se vive constantemente en los servicios de salud pública, donde la desesperación por los tiempos de espera y las deficiencias en la atención terminan, en ocasiones, escalando a episodios de violencia.
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa a un hombre insultando y amenazando de manera directa a una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, frente a otros pacientes que se encontraban en el lugar, entre ellos adultos mayores y menores de edad. El sujeto lanzó expresiones agresivas y amenazas de muerte contra la empleada, aparentemente molesto por una situación relacionada con la atención médica de su esposa.
Tras lo ocurrido, el IMSS en San Luis Potosí emitió una postura oficial en la que informó que activó de inmediato sus protocolos internos de seguridad y atención para proteger a la trabajadora involucrada. La institución condenó cualquier acto de violencia contra su personal y aseguró que la empleada ya recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes.
El Instituto también reiteró su compromiso de mantener espacios seguros tanto para los trabajadores como para la derechohabiencia, subrayando que ninguna agresión puede justificarse dentro de las unidades médicas.
Y es que, aunque las quejas contra el servicio del IMSS en San Luis Potosí son frecuentes —principalmente por retrasos, saturación y deficiencias en la atención— eso no da derecho a que médicos, enfermeras, recepcionistas o personal administrativo se conviertan en blanco de amenazas o agresiones. Muchos de ellos también enfrentan jornadas complicadas, carencias operativas y presión constante dentro de un sistema rebasado.
La molestia ciudadana hacia las instituciones de salud puede ser entendible, pero cruzar la línea hacia la violencia solo refleja una descomposición preocupante en la convivencia social. Exigir un mejor servicio es un derecho; amenazar a quienes trabajan dentro del sistema, no.
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