San Luis Potosí, SLP.- Mientras San Luis Potosí enfrenta una de las crisis hídricas más severas de los últimos años, el problema ya no se limita únicamente a la falta de agua potable. Ahora, el estado también arrastra un rezago importante en el tratamiento de aguas residuales, con al menos 20 municipios que todavía descargan sus desechos sin infraestructura adecuada de saneamiento.
Aunque actualmente operan 101 plantas tratadoras en distintas regiones potosinas, la cobertura sigue siendo insuficiente frente al crecimiento poblacional y las necesidades ambientales, particularmente en comunidades rurales de la Huasteca y la Zona Media, donde ríos y afluentes comienzan a resentir los efectos de la contaminación.
El titular de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez Sánchez, reconoció que municipios como Aquismón, San Antonio y Tamasopo continúan arrastrando rezagos históricos en materia de saneamiento, situación que mantiene bajo presión cuerpos de agua como el río Axtla.
La problemática toma relevancia en medio del panorama de sequía y estrés hídrico que atraviesa el estado. Mientras las autoridades buscan nuevas fuentes de abastecimiento y perforación de pozos para garantizar agua potable, gran parte del líquido residual sigue terminando en ríos y arroyos sin tratamiento, agravando la contaminación y reduciendo la calidad del recurso disponible.
El contraste resulta evidente, San Luis Potosí supera el centenar de plantas tratadoras en operación, pero todavía existen regiones completas donde el saneamiento prácticamente no existe. En algunos municipios incluso se han tenido que rehabilitar instalaciones abandonadas tras años sin funcionamiento, mientras otros apenas comienzan proyectos básicos para atender el problema.
La situación preocupa especialmente en la Huasteca potosina, donde varios cuerpos de agua son utilizados tanto para actividades cotidianas como para el turismo, uno de los motores económicos de la región. Habitantes y autoridades locales han advertido que el deterioro ambiental comienza a reflejarse en la calidad del agua y en la imagen de destinos naturales.
Desde la CEA se informó que continúan las gestiones para acceder a recursos estatales y federales destinados a construir o rehabilitar plantas tratadoras; sin embargo, el organismo recordó que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, la responsabilidad directa de operar estos sistemas recae en los ayuntamientos.
A ello se suma otro obstáculo, el alto costo de este tipo de infraestructura. Dependiendo del tamaño del municipio y del proceso requerido —físico, biológico o fisicoquímico— una planta tratadora puede representar inversiones millonarias que muchos municipios no logran sostener.
Así, en plena crisis hídrica, San Luis Potosí enfrenta un doble desafío, conseguir más agua para abastecer a la población y evitar que la poca disponible continúe contaminándose por la falta de saneamiento.
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