La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) reconsiderar el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026, argumentando que la medida vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada y educada.
En un pronunciamiento, el organismo autónomo advirtió que reducir el calendario por causas climáticas y deportivas traslada la carga de las obligaciones públicas a los cuidadores y coloca a los menores de edad en un estado de vulnerabilidad.
La CNDH señaló que las modificaciones, acordadas el pasado 7 de mayo tras peticiones de 10 estados y del SNTE, no ofrecen soluciones duraderas y contradicen el principio del interés superior de la niñez.
"Resulta de suma importancia para la CNDH, que la SEP y el Conaedu, lleven a cabo una revisión de dicha determinación, lo anterior no solo atendiendo la coyuntura de un evento público y eventos climáticos, sino tomando como eje central el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes consagrado en el artículo 3 Constitucional.
"Así como el contexto laboral por el que atraviesan la mayoría de personas que ejercen el cuidado de niñas, niños y adolescentes (...) provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar", apuntó el organismo.
En este sentido, la Comisión instó a garantizar el derecho a la educación, al remarcar que esto recae en las autoridades.
"Es indispensable recordar que es obligación de todas las autoridades el garantizar un enfoque integral, transversal, con perspectiva de género, de derechos humanos y el Principio de Interés Superior de la Niñez, en el diseño e instrumentación de políticas y programas de gobierno.
"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita a todas las autoridades principalmente a la SEP y el Conaedu a generar los mecanismos necesarios para garantizar que, en la emisión de disposiciones se tomen en consideración los contextos y, se atiendan las problemáticas que puedan generar en su aplicabilidad", agregó.
El recorte de cinco semanas, que adelantaría las vacaciones previstas originalmente para el 15 de julio, generó el rechazo de los gobiernos de Nuevo León, Jalisco y Guanajuato.
Estos estados advirtieron que no acatarán la disposición federal para evitar afectaciones en el aprendizaje y en la dinámica de las familias trabajadoras que carecen de redes de apoyo.
La decisión ha sido cuestionada por su impacto en más de 30 millones de alumnos de educación básica y su posible contradicción con la Ley General de Educación, la cual exige un mínimo de 185 días de clase.
Ante el clima de incertidumbre, la SEP y las autoridades estatales programaron una nueva reunión para el próximo lunes con el fin de definir una propuesta definitiva sobre el calendario escolar.
A pesar de la advertencia de la Comisión y de que la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no existe una decisión definitiva, el titular de la SEP, Mario Delgado, insistió en que los alumnos saldrán de asueto el próximo 5 de junio.
El Secretario justificó la fecha por las altas temperaturas registradas en diversas entidades y la celebración del Mundial de Futbol, planteando que únicamente se revisará el día de regreso a clases.
