San Luis Potosí, SLP.- A más de un año de la tragedia ocurrida en el establecimiento conocido como Rich, el proceso penal comenzó a dar un giro que podría marcar una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades. Por primera vez desde el accidente del 7 de junio de 2024, el caso ya no se centra únicamente en los particulares detenidos, sino que dentro del juicio comenzaron a aparecer nombres de servidores públicos que estaban en funciones el día de los hechos.
En el Centro de Justicia del penal de La Pila se desarrolló la fase de debate de pruebas previa al juicio oral, donde las partes involucradas presentaron argumentos y elementos que serán analizados por el juez de control. El objetivo es determinar qué pruebas podrán ser llevadas ante el tribunal que eventualmente encabezará el juicio oral por homicidio culposo.
Hasta ahora, Nancy Aurora N., Francisco N. y Ulises N., quienes fueron detenidos hace casi dos años, continúan como los principales imputados en el proceso. Sin embargo, familiares de las víctimas han insistido en que las investigaciones no deben limitarse únicamente a quienes operaban el lugar, sino también alcanzar a funcionarios estatales y municipales que, por acción u omisión, pudieron haber permitido el funcionamiento irregular del negocio.
La audiencia de este jueves tomó relevancia porque, por primera vez dentro del desarrollo formal del juicio, se expuso una relación de funcionarios públicos que ocupaban cargos al momento del accidente. Aunque ello no implica que exista una responsabilidad acreditada en su contra, sí representa un paso que abre la puerta a que se examine el papel que desempeñaron distintas autoridades antes y después de la tragedia.
El caso Rich se mantiene como uno de los episodios más sensibles y polémicos en la capital potosina, no solo por la muerte de dos jóvenes y las lesiones sufridas por otras diez personas, sino porque volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre la supervisión de establecimientos, la emisión de permisos y la actuación de las autoridades encargadas de verificar medidas de seguridad.
Mientras el proceso avanza lentamente hacia la etapa oral, las familias de las víctimas continúan presionando para que la investigación no deje fuera posibles omisiones institucionales, bajo el argumento de que una tragedia de esa magnitud no pudo ocurrir sin fallas previas en la vigilancia y regulación del lugar.
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