En el 2024, sin explicar las razones, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de lo Contencioso del INE excluyeron a la Secretaría de Seguridad, encabezada en ese entonces por Rosa Icela Rodríguez, de un procedimiento sancionador porque la dependencia se negó a entregar información al organismo electoral.
Ayer, consejeros solicitaron dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría Interna para proceder contra quienes eran en ese momento los titulares de dichas áreas.
Sin embargo, con ayuda de los tres nuevos consejeros, a quienes se les identifica afines a Morena, la presidenta Guadalupe Taddei planteó rechazar la petición, con el argumento de que no fue discutido previamente.
Los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz acusaron favoritismo e impunidad.
En el 2024, el INE abrió un procedimiento sancionador por no entregar información para verificar la "8 de 8" --norma para evitar que personas sentenciadas por violencia de género sean candidatas a cargos populares-- contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de Guerrero y la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato.
Aunque el Consejo General había aprobado que se abriera un procedimiento contra todas esas dependencias, la entonces secretaria ejecutiva, Claudia Suárez, y el director de la Unidad de lo Contencioso, Hugo Patlán, nombrados por Taddei, determinaron excluir a la SSPC sin explicar las razones.
Tras dos años de investigación, ayer los consejeros discutieron el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso, en el que el nuevo titular argumenta que se sacó del expediente a la Secretaría de Seguridad, mientras que declaró inexistente una violación por parte del resto de las dependencias, pues sus titulares argumentaron que jamás recibieron notificaciones.
