San Luis Potosí, SLP.- La presidenta del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que como parte de la reforma judicial se avanza en la digitalización de los procedimientos jurisdiccionales, particularmente en las salas familiares y civiles, con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la impartición de justicia en la entidad.
Explicó que actualmente se trabaja en la implementación del sistema digital en la Quinta Sala, la cual funcionará como proyecto piloto, para posteriormente extender el modelo a la Tercera y Cuarta Sala.
“Parte de la reforma es la digitalización de los procedimientos; se está trabajando e implementando en las salas familiares y civiles porque no contábamos con ello”, señaló.
Además, indicó que otro de los temas prioritarios dentro de la reforma judicial es la evaluación de jueces, proceso que estará a cargo del Tribunal de Disciplina, organismo que emitirá los lineamientos y criterios que serán considerados para medir el desempeño de los impartidores de justicia.
Asimismo, detalló que continúan los trabajos de definición de facultades y estructuras administrativas de los nuevos órganos contemplados dentro de la reforma judicial nacional, a fin de adecuarlos a las necesidades específicas de San Luis Potosí.
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez reconoció que uno de los principales desafíos para concretar la digitalización del sistema judicial es la falta de acceso a internet en diversas zonas del estado, situación que dificulta la transición hacia nuevas tecnologías.
“El principal desafío es precisamente el traslado hacia la digitalización en todo el estado, porque existen regiones donde no hay acceso a internet y eso complica avanzar en estas herramientas tecnológicas”, explicó.
En otro tema, la magistrada destacó la importancia de fortalecer la atención a los pueblos originarios, especialmente en regiones de la Huasteca potosina donde prevalecen comunidades indígenas que enfrentan barreras lingüísticas en los procesos judiciales.
Señaló que parte del trabajo institucional consiste en contar con traductores en lenguas Tenek y Náhuatl, principalmente en asuntos civiles y familiares, con el propósito de garantizar que las personas indígenas comprendan plenamente los procedimientos desarrollados en las distintas salas judiciales.
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