En la madrugada anterior a la elección del 6 de junio de 2021 en Sinaloa, que ganó el morenista Rubén Rocha, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, varias camionetas del crimen organizado sacaron de su casa al Secretario de organización del PRI, José Alberto Salas Beltrán, y lo mantuvieron secuestrado.
Por la noche, el cuñado de la candidata del PRI-PAN-PRD en Badiraguato, Guadalupe Iribe Gascón, fue apaleado y en la mañana de la elección hombres armados se llevaron también a un hermano de la aspirante hasta que ella renunció a la candidatura.
"Me habla 'Lupita' llorando y me dice: 'Mario, te hablo para pedirte que me ayudes. Acaban de llevarse a mi hermano. Voy camino a decir que me bajo de la candidatura, que no voten por mí, que voten por Morena, pero que me regresen a mi hermano con vida", recordó el senador priista Mario Gastélum, quien perdió ante Rocha.
Iribe Gascón acusó al entonces candidato de Morena, José Paz Elenes, quien gobierna el municipio de donde es originario Joaquín "El Chapo" Guzmán desde ese año.
El 17 de junio de 2021, en una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), el PRI enlistó al menos nueve personas secuestradas y 42 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía local por la comisión de delitos electorales.
En agosto siguiente, en una denuncia ante la OEA, los priistas aseguraron que tan sólo en la campaña de su candidato en Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, quien perdió ante Juan de Dios Gámez Mendívil, acusado también de narcotráfico por Estados Unidos, al menos un centenar de integrantes fueron secuestrados.
"Aquella noche, el crimen organizado puso en marcha un operativo para desactivar, mediante amenazas, agresiones y levantones", indicó el PRI.
En su denuncia ante el Tribunal Electoral local, el tricolor presentó 102 anexos con notas publicadas, entrevistas a funcionarios y comunicados de partidos sobre la violencia del crimen organizado para influir en la elección, incluso reportes del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).
Sin embargo, el Tribunal determinó -por unanimidad- que las notas periodísticas sólo constituían un indicio y no prueba plena, "sin que se advierta la existencia de alguna denuncia ante la autoridad correspondiente".
"Se advierte que este Órgano Jurisdiccional deberá solicitar a la Fiscalía General de Sinaloa los registros de los incidentes, (pero) es importante destacar que la carga procesal de ofrecer las pruebas le corresponde al actor, es decir, que, en los medios de impugnación, los accionantes se encuentran obligados a ofrecer las pruebas que estimen pertinentes en su escrito de demanda", sostuvo el Tribunal en el expediente ESIN-INC-06/2021.
Entre los anexos aportados se incluyó también una denuncia del fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, rival político de Rocha asesinado en julio de 2024. Antes de la elección de ese año, acusó que gente armada los amenazó de que no salieran ni operaran durante las votaciones.
"Si bien las notas periodísticas generan un indicio de mayor grado convictivo cuando se traten de los mismos acontecimientos, sin embargo, por sí solas, no generan prueba plena de los hechos expuestos, por lo que necesariamente deben ser concatenados con diversos elementos probatorios para acreditar las afirmaciones del actor", agregó en el proyecto de resolución que estuvo a cargo de la Magistrada Aída Inzunza Cázares, hermana del ahorta senador Enrique Inzunza Cázarez, otro de los acusados por Estados Unidos de complicidad con el crimen organizado.
Otras de las denuncias descartadas por el Tribunal fue el secuestro de la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Dora Alicia Bustamante, y su esposo, Miguel Ángel Cabrera Beltrán, quienes habían apoyado a la colación priista, y liberados una vez que se dio la victoria a Morena.
El PRI también denunció que en el municipio de Ahome sicarios encapuchados y con armas largas recorrieron la zona urbana y las comunidades rurales el día de la elección, perpetrando levantones, amenazando a funcionarios y votantes y robándose las urnas.
El PAN, PRI y PRD acusaron ante la OEA la intromisión del narco en Sinaloa, pero también en Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.
El Tribunal de Sinaloa concluyó que la diferencia de votos entre Rocha, con el 56.6 por ciento, y el segundo lugar, con 32.49 por ciento, era tan amplia por lo que los hechos de violencia no fueron considerados "determinantes" para cambiar el resultado.
