El general en retiro y ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, consiguió una suspensión de plano por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán para frenar cualquier intento de captura con fines de entrega a autoridades extranjeras.
La resolución dictada por el Juez Rafael Linares Rivera dentro del expediente 539/2026 protege al ex mando de órdenes de detención provisional, localización o aseguramiento hasta que se resuelva el juicio de garantías en la audiencia constitucional, programada para el 1 de junio.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York,en Estados Unidos, por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" durante su gestión al frente de la seguridad estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el militar retirado recibió sobornos mensuales de 100 mil dólares a cambio de alertar sobre redadas en laboratorios de drogas y evitar el arresto de miembros del Cártel de Sinaloa.
"Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional", señala el documento oficial emitido por el juzgado federal con sede en Morelia.
El Departamento de Justicia le imputa delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de alto poder, cargos por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Su renuncia a la dependencia estatal ocurrió en diciembre de 2024 tras más de cien días de enfrentamientos internos entre grupos criminales que mantuvieron bajo crisis de seguridad a diversos municipios de la entidad.
Ante los señalamientos internacionales, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal a sus cargos para separarse de sus funciones durante las investigaciones.
Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal general del estado, también optó por dejar su puesto bajo la figura de licencia luego de que el gobierno estadounidense lo señalara de recibir pagos mensuales para proteger a integrantes de grupos delictivos.
La acusación internacional también incluye a otros ex funcionarios como Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas, y mandos policiales como Juan Valenzuela Millán, señalado por el secuestro de una fuente de la DEA.
