San Luis Potosí, SLP.- El diputado Héctor Serrano Cortés, Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para establecer como requisito obligatorio una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí.
La propuesta plantea modificaciones a la Constitución local, la Ley Electoral del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de acceso a cargos públicos mediante criterios de idoneidad e integridad institucional.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca responder a los riesgos que enfrenta el sistema democrático, particularmente la posible infiltración de intereses delictivos en espacios de poder. En ese sentido, se plantea que la democracia no solo debe garantizar elecciones periódicas, sino también condiciones que aseguren su funcionamiento auténtico y confiable.
El eje central de la propuesta es la creación de una condición de integridad para la postulación democrática, la cual deberá acreditarse mediante una certificación expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Este documento sería indispensable para el registro de candidaturas a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
La certificación se obtendría a través de evaluaciones similares a las aplicadas a cuerpos de seguridad, incluyendo pruebas psicológicas, médicas, toxicológicas, poligráficas y de entorno socioeconómico. Sin embargo, la iniciativa subraya que este mecanismo tendría un carácter preventivo y no sancionador, por lo que no implicaría una restricción automática de derechos político-electorales ni una presunción de culpabilidad.
Asimismo, se establece que la autoridad electoral únicamente verificará la existencia del certificado, sin intervenir en el proceso de evaluación ni emitir juicios sobre la elegibilidad de las personas aspirantes. El legislador argumenta que esta medida es compatible con la Constitución federal y con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permiten a los congresos locales establecer requisitos adicionales para acceder a cargos públicos, siempre que sean razonables, proporcionales y no discriminatorios.
De aprobarse, la reforma obligaría a partidos políticos y aspirantes independientes a presentar esta certificación como parte de la documentación requerida para el registro de candidaturas. También se prevé que el Centro de Control de Confianza emita lineamientos específicos en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto.
Serrano Cortés sostiene que la iniciativa no restringe la democracia, sino que la fortalece al incrementar la confianza ciudadana, blindar las instituciones y garantizar que quienes accedan al poder público cumplan con estándares mínimos de integridad.