Ciudadanos Observando cuestiona altos ingresos y retrasos en transparencia de la universidad pública
San Luis Potosí, SLP.- Durante marzo, los altos mandos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) registraron percepciones significativamente elevadas, impulsadas por pagos extraordinarios como la prima vacacional, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos y la rendición de cuentas en la institución.
De acuerdo con información oficial publicada por la propia universidad, el rector Alejandro Zermeño reportó una percepción bruta de 294 mil 531 pesos y un ingreso neto de 174 mil 170 pesos. En cifras similares se ubicó el secretario de Finanzas, Isaías Ricardo Martínez, con 271 mil 362 pesos brutos y 173 mil 868 pesos netos.
Asimismo, el secretario general, Federico Garza Herrera, percibió 262 mil 366 pesos brutos (156 mil 22 pesos netos), mientras que la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, recibió 226 mil 611 pesos brutos y 146 mil 613 pesos netos.
La organización Ciudadanos Observando, que funge como declarante, señaló que estos ingresos reflejan una marcada concentración de beneficios en la llamada “élite universitaria”, en contraste con el resto del personal académico y administrativo.
“Estamos ante percepciones que deben explicarse con total claridad, sobre todo cuando provienen de una institución financiada con recursos públicos”, expuso la organización, al tiempo que cuestionó si estos montos corresponden al desempeño y responsabilidades de los funcionarios.
El colectivo también advirtió sobre irregularidades en la transparencia, al señalar que durante enero y febrero la UASLP omitió publicar las percepciones de sus altos mandos en la Plataforma Estatal de Transparencia, difundiendo únicamente los datos del resto de los trabajadores. Fue hasta marzo cuando se incluyó la información de la cúpula, aunque —subrayaron— con sueldos y apoyos extraordinarios integrados en un solo rubro.
“Cuando la información llega tarde y además no permite distinguir entre salario y prestaciones, se limita el derecho ciudadano a conocer cómo se ejercen los recursos”, sostuvo Ciudadanos Observando.
Ante este escenario, la organización hizo un llamado a la universidad para detallar los criterios bajo los cuales se autorizan estos pagos y transparentar de forma completa las percepciones de sus directivos.
El caso, señalaron, abre cuestionamientos de fondo sobre los límites de la autonomía universitaria y la necesidad de garantizar que no se convierta en un mecanismo que dificulte la rendición de cuentas.
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