San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, al menos 150 centros de rehabilitación contra adicciones —conocidos como anexos— operan actualmente, aunque menos de la mitad cumple con la regulación establecida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Esta situación implica que una parte considerable de estos espacios funciona en condiciones inadecuadas para la atención y recuperación de personas con problemas de adicción.
Ante este panorama, el Ayuntamiento de la capital ha comenzado a impulsar acciones para ordenar y regular este tipo de establecimientos, particularmente aquellos ubicados en el Centro Histórico. El director de Comercio municipal, Ángel de la Vega Pineda, indicó que el enfoque principal no es el cierre inmediato, sino su incorporación a un esquema normativo que permita su supervisión.
“Hemos estado trabajando en el tema de los anexos más que cerrarlos estamos tratando de que se regularicen de tenerlos ubicados”, señaló el funcionario.
Sin embargo, a pesar de la dimensión del problema, el propio titular de Comercio reconoció no contar con una cifra precisa de cuántos anexos operan específicamente en la capital potosina, lo que refleja una falta de control institucional sobre estos espacios.
“La secretaría de seguridad hizo un censo sobre todo en la zona centro y comenzamos con la reubicación de uno de ellos y vamos a seguir trabajando en ese sentido”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, las principales irregularidades detectadas están relacionadas con la falta de documentación oficial y la ausencia de una actividad comercial formal, ya que muchos de estos centros operan mediante donaciones o esquemas informales.
“Estamos trabajando de la mano con seguridad pública, protección civil y comercio y estamos detectando que las principales falles es que no tienen documentación y no tienen actividad comercial y trabajan por medio de donaciones o por sus propios medios donde ponen a trabajar a los chicos anexados y existe una cuota de recuperación por eso estamos tratando de regularlos”, afirmó.
La falta de regulación y de un padrón claro de anexos en San Luis Potosí evidencia una problemática estructural en la atención a las adicciones, donde espacios que deberían ofrecer apoyo terminan operando en la informalidad. Esto no solo pone en riesgo a los pacientes, sino que también refleja una débil coordinación institucional para supervisar y garantizar condiciones dignas en centros que atienden una de las problemáticas sociales más sensibles.
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