San Luis Potosí, ante un escenario crítico
En el caso de San Luis Potosí, el panorama resulta particularmente preocupante. La entidad, que registra altos niveles de conectividad móvil, podría enfrentar una afectación masiva en caso de que los usuarios no cumplan con el registro obligatorio en tiempo. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el estado cuenta con 107 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes y 100 líneas de internet móvil por cada 100 habitantes. Considerando una población cercana a los 3 millones de personas, esto equivale a entre 3.1 y 3.3 millones de líneas activas. Bajo este contexto, se estima que hasta 2.6 millones de líneas móviles podrían quedar fuera de servicio si no son registradas antes de la fecha límite, lo que representaría un impacto significativo en la comunicación y en la actividad económica del estado.
8 de cada 10 líneas siguen sin registrarse
A nivel nacional, el avance del padrón es limitado. Apenas el 18% de las líneas móviles han sido registradas, lo que significa que más de 116 millones de números continúan fuera del sistema. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo, ha advertido que el ritmo actual es insuficiente para cumplir con los plazos establecidos. Siguiendo esta tendencia, en San Luis Potosí se estima que entre el 70% y el 80% de las líneas aún no han sido registradas, lo que equivale a entre 2.2 y 2.6 millones de números en riesgo, una cifra que refuerza la preocupación sobre una posible desconexión masiva.
Una medida para combatir delitos, pero con implicaciones amplias
El nuevo esquema plantea que todas las líneas de telefonía móvil en el país deberán estar asociadas a una persona plenamente identificada mediante su CURP, integrando además mecanismos de validación que pueden incluir datos biométricos. La intención de las autoridades es cerrar el paso al uso de líneas anónimas que frecuentemente están vinculadas a delitos como extorsión, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas. Sin embargo, especialistas han advertido que este tipo de medidas no son nuevas en México y que en el pasado han enfrentado obstáculos legales y operativos, principalmente por preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales y la efectividad real en el combate al crimen.
Fecha límite y cancelación de líneas
Uno de los puntos que más preocupa a los usuarios es la fecha límite para cumplir con el registro. En este caso, se ha establecido como plazo el 30 de junio de 2026, fecha a partir de la cual las líneas que no hayan sido regularizadas podrían ser suspendidas o canceladas de manera definitiva. Empresas como Telcel han anticipado que, una vez que el padrón entre en vigor, procederán a dar de baja aquellas líneas que no estén asociadas a un usuario identificado, lo que podría impactar a millones de personas que no completen el trámite, especialmente en el segmento de prepago.
Límite de líneas por persona
Otro de los elementos clave de la medida es que cada persona podrá tener un número máximo de líneas registradas a su nombre. De acuerdo con la información disponible, el límite será de hasta 10 líneas por CURP, con el objetivo de evitar la concentración excesiva de números en una sola identidad. Si bien esta disposición busca frenar el uso indebido de líneas, también podría afectar a usuarios que administran múltiples números, como pequeñas empresas o familias que concentran servicios bajo un mismo titular.
Impacto en empresas de telecomunicaciones
El registro obligatorio también tendrá repercusiones directas en el sector de telecomunicaciones. Operadores como Telcel, AT&T y los Operadores Móviles Virtuales podrían enfrentar una desaceleración en su crecimiento, derivada de la posible baja de líneas no registradas y de un entorno más restrictivo para la adquisición de nuevos números. Especialistas señalan que esta medida podría traducirse en una reducción en la base de usuarios activos, además de implicar mayores costos operativos para las empresas, que deberán implementar sistemas de validación, resguardo de datos y atención a usuarios.
Preocupaciones por privacidad y datos biométricos
Uno de los aspectos más sensibles del nuevo esquema es el manejo de datos personales y biométricos. Expertos han advertido que la recolección de esta información requiere altos estándares de seguridad, ya que cualquier vulneración podría afectar gravemente a los usuarios. Asimismo, persiste el debate sobre la efectividad de este tipo de medidas y si realmente contribuirán a reducir los delitos, o si podrían enfrentar obstáculos legales como ha ocurrido en intentos previos.
Un reto operativo y social
La implementación del registro obligatorio representa un reto tanto tecnológico como social. Millones de usuarios deberán realizar el trámite en un periodo limitado, lo que implica un esfuerzo coordinado entre autoridades, empresas y ciudadanía. En este contexto, el registro de líneas móviles con CURP biométrica no solo redefine la regulación del sector, sino que también plantea un desafío para garantizar el equilibrio entre seguridad, conectividad y derechos digitales en México.
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