La Coparmex y un bloque de organizaciones civiles de Sinaloa exigieron al Gobierno federal investigar, esclarecer y, de ser necesario, sancionar al Gobernador Rubén Rocha, ante la presión generada por posibles cargos penales en Estados Unidos.
En un posicionamiento conjunto, los organismos señalaron que, más allá de la coyuntura política, el caso evidencia una crisis institucional en el País.
Argumentaron que estos hechos colocan en el centro del debate una problemática estructural señalada reiteradamente por la sociedad civil: "la debilidad de los sistemas de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en México, particularmente a nivel subnacional".
El documento, suscrito por la Coparmex, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, Iniciativa Sinaloa y el colectivo No se metan con nuestras hijas, subraya que, si bien la presunción de inocencia es un derecho irrenunciable, no debe servir de pretexto para la parálisis del Estado.
Advirtieron que estos principios no deben ser utilizados como argumento para la inacción institucional ni para la opacidad.
"Por el contrario, la gravedad de los señalamientos exige respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas", indicaron.
Para los firmantes, las autoridades mexicanas tienen la obligación ineludible de actuar sin dilaciones ni sesgos políticos ante posibles vínculos con el crimen organizado o actos de corrupción.
"Por lo tanto, debe garantizarse el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, mediante procesos transparentes, acceso efectivo a la información pública y una comunicación institucional clara y oportuna, (amén de que) se deben implementar acciones concretas para prevenir la captura de las instituciones públicas por intereses criminales o redes de corrupción", agregaron.
El posicionamiento fue respaldado además por una treintena de ciudadanos a título personal, quienes demandaron que el caso no quede en la impunidad mediática.
