Especialistas en derecho internacional consideraron que las solicitudes de extradición no requieren pruebas, salvo la solicitud expresa de uno de los Gobiernos firmantes y la declaratoria de que se le persigue por algún delito.
En el artículo 11 del Tratado de Extradición-México Estados Unidos sólo exige los siguientes requisitos: "En caso de urgencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir, por la vía diplomática, la detención provisional de una persona acusada o sentenciada.
"El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente".
Ningún otro elemento sería necesario para que la FGR procediera a solicitar la detención provisional a un Juez federal, explicaron los especialistas.
Ni siquiera es necesario anexar una copia del "indictment" o acusación de gran jurado presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.
Hasta la tarde del miércoles, la Jueza Katherine Polk no había ordenado la aprehensión de Rocha y sus coacusados, pero esa es una formalidad que quedará cubierta en cuestión de horas, y dicha orden no contendrá "evidencias contundentes", pues sólo es una cuartilla en la que se mandata la captura.
Una vez detenidos los acusados, el Gobierno de Estados Unidos tendría 60 días para presentar la solicitud formal de extradición, para la cual sí se requieren elementos adicionales, entre ellos, copia certificada de la orden de aprehensión, narrativa de los hechos y pruebas adicionales, así como acreditar que los delitos imputados en ese país también son conductas penalizadas en México.
Recibida la solicitud formal, se debe turnar al Juez que ordenó la detención, para que opine si la extradición es procedente.
Emitida esta opinión, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resolver si entrega al reo.
Contra esta decisión procede el juicio de amparo, pero en el actual Gobierno se ha expulsado, sin mayor trámite a Estados Unidos, a más de 50 presuntos narcotraficantes y otros delincuentes, que todavía litigaban diversas etapas de estos procedimientos.
Ahora, dos de los acusados gozan de fuero, aunque con distintas características. Esta figura impediría que sean detenidos sin una declaración previa de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, también conocida como desafuero.
Se trata del Gobernador Rubén Rocha y del senador morenista Enrique Inzunza, ex secretario de Gobierno estatal.
