La extradición de narcopolíticos mexicanos a los estados unidos de américa: ¿se requieren pruebas?

El 29 de abril del 2026 una noticia abrumadora sacudió las redes, a la política mexicana, al crimen organizado y, por supuesto, a la sociedad mexicana: Los Estados Unidos de América había emitido una solicitud de extradición en contra del Gobernador actual del Sinaloa, así como 9 funcionarios más, entre ellos un senador de la Repúblicarepresentando a Sinaloa y el alcalde de Culiacán.

La sociedad mexicana, cansada de la violencia que azota a nuestro país por el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, celebró en diversos sectores la solicitud de extradición, sobre todo hacia funcionarios públicos que desde sus mismos dichos, gozan de impunidad y de protección criminal.

Ante esto, el punto más triste para muchos mexicanos fue la declaración realizada por el Lic. Ulises Lara a nombre de la Fiscalía General de la República, quien determinante señaló que:

“Dicha solicitud no se acompañaba de prueba suficientes que pudieran aportar evidencias contundentes respecto de los hechos narrados, y que la solicitud de extradición señalaba que el Estado Mexicano debía tomar las medidas necesarias para que la solicitud de detención o extradiciónno se debe hacer pública cómo ocurrió en el caso”;

Es decir, el mensajee que estaba mandando dicho funcionario era que de ninguna manera se iba a extraditar a ningún funcionario que pedían los Estados Unidos de América, aun y cuando se tratara de delitos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada.

Por su parte, la Presidenta de México en la mañanera del 30 de abril señaló que turnó la solicitud a la Fiscalía General de la República a efecto de que se analizara de acuerdo a las leyes mexicanas y describió el comunicado que realizó la Fiscalía al respecto, entre ellos, otra vez, los supuestos elementos probatorios para que dicha solicitud procediera, determinando que la FGR era la que debía investigar para ver si es que existiera algún dato de prueba sobre los hechos que se le estaban investigando a dichos funcionarios por los Estados Unidos de América.

De igual forma, el discurso fue direccionado a que la extradición no se iba a dar de ninguna manera.

Me parece que las posturas de ambos funcionarios están equivocados, pues se trata de una investigación que ya está realizada por los Estados Unidos de América y que, en voz de la periodista Anabel Hernández, lleva más de tres años de investigación y cuyas pruebas básicas fueros los testimonios de los hijos detenidos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; es decir, una investigación sobre delitos que son considerados a nivel internacional como de alto impacto y prevén instrumentos internacionales de los cuales tanto USA como el Estado Mexicano forman parte y han ratificado, y cuyos instrumentos determinan cuál es el tratamiento que se debe dar en esos casos como la extradición.

Ejemplo de ellos son los siguientes:

1. La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
2. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
3. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Y las tres determinan estos elementos en cuanto al punto de la extradición:

1. Sólo se podrá denegar una solicitud de extradición si se pretende castigar a una persona por cuestiones de raza, sexo, religión o ideologías políticas (lo cual n aplica en este caso)
2. Cuando se solicite una extradición urgente por delitos de alta impacto como narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero o/y financiamiento al terrorismo, la parte requerida procederá de inmediato a la detención de las personas y asegurar las medidas necesarias para su comparencia durante el trámite de la extradición.
3. Si no hay tratado de extradición, las anteriores convenciones se erigirán como tal.
4. En ningún instrumento jurídico se solicitan pruebas contundentes a efecto de condicionar la extradición.
5. Que exista una investigación, una imputación y una orden de captura por parte del estado requirente basado en sus investigaciones y con autoridades competentes.

Cómo se puede observar, se encuentran todos los elementos formales y materiales a efecto de que el Estado Mexicano inicie, primero, con la detención de las 10 personas funcionarios para posteriormente realizar el procedimiento de extradición.

Por alguna extraña razón, que me parece que para la sociedad mexicana nada es extraño, las autoridades mexicanas han invocado derechos humanos, presunción de inocencia y debido proceso legal, ante las imputaciones y la solicitud de extradición hechas por los USA en contra de los que señalan como narcopolíticos; sin embargo, las reformas legales que han hecho en contra de los mexicanos han quitado esos derechos tales como la ley de amparo, la reforma judicial, la jurisprudencia de la Corte mexicana con respecto a la UIF, entre otra más.

El discurso oficial no es congruente con lo que una sociedad democrática merece.