San Luis Potosí, SLP.- La disputa legal por la posible venta de terrenos municipales en el fraccionamiento Puerta de Piedra ha escalado más allá de un caso aislado. De acuerdo con el asesor técnico del Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra, Iván Rodríguez, el juicio de amparo promovido por ciudadanos podría sentar un precedente que impacte al resto de los predios incluidos en el paquete de 18 inmuebles contemplados por el Ayuntamiento.
El recurso legal fue presentado el pasado 13 de marzo como una vía para frenar la desincorporación de bienes públicos destinados, originalmente, a uso comunitario. Tras su revisión, el juez admitió el amparo el 10 de abril y determinó la suspensión del proceso de subasta mientras se analiza el fondo del asunto.
Rodríguez explicó que esta medida impide avanzar en la venta de los terrenos hasta que se determine si existe una afectación a derechos colectivos, en particular el acceso a un medio ambiente sano. La suspensión se mantendrá, al menos, hasta el 8 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia constitucional. Aunque el procedimiento administrativo ha continuado, aclaró que ninguna operación de venta se ha concretado hasta ahora.
El asesor subrayó que, si bien la demanda se originó por el caso de Puerta de Piedra, en realidad se cuestiona todo el proceso de enajenación de los predios, por lo que el alcance de la resolución dependerá del criterio judicial. Entre los argumentos expuestos, destacó que la venta de áreas verdes podría contravenir derechos establecidos en la Constitución, al tiempo que puntualizó que la autonomía municipal no está por encima de los derechos humanos.
Asimismo, advirtió que la posible urbanización de estos espacios implicaría efectos como sobrepoblación, presión sobre el suministro de agua, déficit de servicios y la pérdida de zonas clave para la recarga de acuíferos.
En paralelo, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra sostuvo que la ciudad enfrenta una “crisis ambiental silenciosa”, derivada —según señalaron— de la reducción progresiva de áreas verdes durante al menos los últimos 15 años. Atribuyen este fenómeno a la falta de vigilancia y al abandono de terrenos públicos que, con el tiempo, pierden valor y son incorporados a procesos de venta bajo el argumento de financiar infraestructura.
El colectivo afirmó que su acción legal busca preservar espacios que, por su naturaleza, deben contribuir al equilibrio ecológico y al bienestar social, y señaló presuntas omisiones por parte de autoridades y órganos de control en la protección de estos terrenos.
Finalmente, los integrantes aclararon que no se oponen al desarrollo urbano, pero sí cuestionaron que este se impulse a costa del patrimonio ambiental. Como parte de sus acciones, convocaron a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación el próximo 2 de mayo en la zona de Puerta de Piedra.
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