Rioverde, SLP.- Un clima de indignación prevalece entre el magisterio de Telesecundaria tras la aparición de presuntos adeudos individuales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los docentes, a quienes se les retienen impuestos vía nómina quincenalmente, han comenzado a recibir notificaciones de multas y créditos fiscales que oscilan entre los 22 mil y 30 mil pesos.
Los maestros explicaron que, como trabajadores asalariados, sus comprobantes de pago reflejan puntualmente el descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, este año, al incrementarse los tabuladores salariales y superar el umbral de ingresos que obliga a la rendición de cuentas, el SAT detectó inconsistencias, el impuesto retenido por el estado no fue reportado ante la autoridad federal.
Este desfase administrativo ha generado multas automáticas con notificaciones que inician en los 22 mil pesos y adeudos acumulados con montos que en varios casos superan los 30 mil pesos por concepto de impuestos de ley no pagados.
El gremio asegura que la totalidad de los docentes de este nivel educativo se encuentran bajo la lupa del fisco.
Ante esta situación, el magisterio lanzó un enérgico cuestionamiento a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE). Los docentes exigen saber el destino del recurso que les fue descontado de sus salarios y por qué la administración estatal no realizó el pago correspondiente al SAT.
"¿Qué se ha hecho con ese dinero? Es un recurso que nosotros ya pagamos, que se nos quitó de nuestra nómina y que el Estado recibió. Hoy exigimos que la SEGE aclare este problema y asuma su responsabilidad ante la instancia federal", sentenciaron los afectados.
Los maestros demandan la intervención inmediata de las autoridades estatales para que se resuelva la situación jurídica-fiscal con el SAT, evitando que los trabajadores tengan que cubrir de su propio bolsillo un impuesto que ya les fue retenido.
Se espera que en las próximas horas se realicen movilizaciones o reuniones de carácter urgente con representantes sindicales y de gobierno para dar una salida institucional a este "boquete" fiscal que pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias de educadores.
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