La extradición de mexicanos desde Argentina puede prolongarse durante meses cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, como en el caso del Contralmirante Fernando Farías Laguna, a diferencia de expedientes de personas acusadas por fraude u otros ilícitos donde el proceso puede resolverse en pocas semanas.
El antecedente más cercano es el de Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, detenido en mayo de 2023 en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, acusado en México de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su extradición fue declarada procedente hasta el 23 de mayo de 2024 por el juez federal Federico Villena, casi un año después de su captura, de acuerdo con reportes abiertos.
Ese caso mostró que en delitos complejos ligados a redes financieras o estructuras criminales, la justicia argentina agota un proceso formal que incluye revisión de requisitos legales, intervención de la defensa y resolución judicial antes de autorizar la entrega de los indiciados.
Lozano Jiménez fue capturado por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina cuando se presentó en un punto migratorio a presentar su pasaporte y, al momento de revisarse los registros, apareció una alerta por una ficha roja de Interpol.
El mexicano fue puesto a disposición de las autoridades policiales para enfrentar un proceso de extradición a México, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) casi 12 meses después.
A Lozano Jiménez lo requirió un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y forma parte de los 22 ex funcionarios y particulares señalados por el pago de más de 142 millones de pesos que en 2020 hizo Segalmex por 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las cuales sólo recibió 3 mil 110.
En ese escenario se ubica ahora el Contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires y acusado en México de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas nacionales.
El ex mando naval fue puesto a disposición del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, en el complejo judicial de Comodoro Py, donde se tramita el proceso de extradición.
El paso a tribunales federales implica que el caso deja de depender de una decisión administrativa y entra a una ruta judicial que puede incluir audiencias, recursos de defensa y revisión de la legalidad del pedido de entrega de México, lo que anticipa un procedimiento prolongado.
A diferencia de una deportación inmediata, la extradición requiere que Argentina verifique que los delitos imputados también están tipificados en su legislación y que se cumplen las condiciones establecidas en los acuerdos de cooperación penal.
Además, Farías enfrenta un posible frente local en Argentina por el uso de documentación falsa al momento de su ingreso a ese país sudamericano, lo que podría retrasar aún más cualquier resolución sobre su entrega.
Farías rechazó el viernes pasado allanarse a la extradición y adelantó que solicitará al Gobierno de Argentina el asilo político, al advertir que en México está en riesgo su vida e integridad personal, informó su defensa.
El sobrino político del ex Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, compareció ante el juzgado y admitió ser la persona buscada en extradición por la justicia mexicana.
"Le comunicaron la acusación y los hechos que constituyen la solicitud (de extradición) y después ya le hicieron saber su derecho que tiene para acogerse o allanarse a esa solicitud o de plano rechazarla.
"Una vez que estuvo en conocimiento, manifestó que no se quiere regresar a México y que rechaza la solicitud de extradición", dijo su abogado Epigmenio Mendieta.
Aunque en la diligencia se tenía previsto solicitar el asilo, la defensa informó que la petición formal se realizará hasta este lunes. Esto debido a que el juez acordó aplazar la audiencia ante la falta de documentos necesarios para integrar el expediente del caso.
