A las puertas del edificio del Poder Judicial, no fueron consignas aisladas las que rompieron la rutina, sino historias acumuladas de dolor, separación y procesos legales que, aseguran, han dejado a madres y padres al margen de la vida de sus hijos. Integrantes de un colectivo ciudadano se manifestaron para exigir una revisión profunda de las leyes de custodia y, sobre todo, visibilizar una problemática que —afirman— ha escalado a niveles alarmantes, la violencia vicaria.
El movimiento, conformado por madres y padres de familia, surge de experiencias compartidas en tribunales, donde señalan haber enfrentado resoluciones que dificultan o limitan la convivencia con sus hijos tras rupturas de pareja. Con pancartas en mano y testimonios a viva voz, exigieron que su realidad sea reconocida dentro del marco legal.
La violencia vicaria es una forma de agresión en la que uno de los progenitores utiliza a los hijos como medio para dañar emocionalmente al otro, ya sea obstaculizando el contacto, manipulando vínculos o prolongando conflictos legales. En San Luis Potosí , este concepto ha comenzado a ganar terreno en el debate público y jurídico, encendiendo focos rojos ante el incremento de casos denunciados y las movilizaciones sociales que lo acompañan.
“Las leyes no están garantizando condiciones equitativas; hay padres que pasan años sin poder ver a sus hijos”, expresó Alex Gómez, vocero del colectivo, quien subrayó que la intención de la protesta no es confrontar, sino abrir un diálogo que permita corregir lo que consideran vacíos y desequilibrios en la legislación actual.
Uno de los casos que detonó la indignación y dio visibilidad al tema fue el de la pequeña Lía, cuya situación —difundida en redes y medios— evidenció las tensiones y contradicciones en los procesos de custodia. A partir de ahí, el colectivo comenzó a consolidarse, sumando a más familias que aseguran haber vivido situaciones similares.
Los manifestantes sostienen que, en muchos procesos, los menores terminan en medio de disputas prolongadas que impactan su estabilidad emocional. Por ello, proponen reformas que prioricen el interés superior de la niñez, pero que también garanticen el derecho de convivencia con ambos padres en condiciones justas.
Aunque el grupo se define como apartidista, su presencia frente al Poder Judicial busca presionar para que jueces, legisladores y autoridades reconozcan la dimensión del problema. Insisten en que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia que ha llevado a padres y madres a organizarse y salir a las calles.
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