La escena se repite, pero cada vez con más enojo y menos paciencia. Afuera de las oficinas del Interapas, decenas de ciudadanos no bloquearon por gusto, bloquearon porque abrir la llave se ha vuelto un acto de fe y no de garantía.
Como el slogan que presume el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos; -los potosinos somos garantía- pero su slogan se cae porque esto deja ver que somos garantía de nada y solo garantía de discursos.
Madres de familia, vecinos de distintas colonias y usuarios hartos con recibos elevados en mano, salieron a exigir lo que en cualquier ciudad debería ser incuestionable, agua.
Pero lo que ocurre en la calle contradice, frontalmente, el discurso oficial.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha sostenido públicamente que no existe una crisis hídrica, que los pozos están funcionando y que el abasto está garantizado mediante pipas y tandeos. Sin embargo, la realidad que hoy colapsan vialidades y expone inconformidades cuenta otra historia, una ciudad donde el suministro no es constante, donde hay colonias sin una sola gota, y donde —para agravar el escenario— los recibos no dejan de llegar.
El enojo no es gratuito
La protesta no surge de un capricho colectivo. Surge de una ecuación que no cuadra.
* Pagos elevados por un servicio irregular o inexistente (300 de recibo más 400 para surtir una pipa)
* Morosidad tolerada en algunos sectores
* Cobros estrictos para quienes sí cumplen
* Promesas institucionales que no se reflejan en la vida diaria
Una denunciante lo resume con crudeza, mientras algunos pagan “demasiado” por agua que no llega, otros acumulan adeudos sin consecuencias visibles. La percepción de inequidad es, en este punto, tan grave como la falta del recurso.
Y aquí aparece otro problema de fondo, la confianza.
Cuando el gobierno minimiza, el conflicto crece
Lejos de reconocer el malestar, el discurso oficial ha optado por minimizarlo. Las manifestaciones han sido calificadas, en distintos momentos, como exageradas o incluso como intentos de “golpeteo político”.
Pero esa narrativa comienza a desgastarse.
Porque cuando las calles se llenan de reclamos, cuando las oficinas públicas son rodeadas por ciudadanos y cuando las redes sociales amplifican testimonios de desabasto, ya no se trata de percepción, se trata de experiencia colectiva.
Negar la crisis no desaparece. La profundiza.
La fractura entre discurso y realidad
Lo ocurrido hoy en la calle Pintores no solo generó caos vial; evidenció una fractura más peligrosa, la que existe entre lo que dice la autoridad y lo que vive la ciudadanía.
Si realmente todos los pozos funcionan, si el sistema está operando y si las pipas cubren la demanda, entonces la pregunta es:
¿Por qué cada vez hay más protestas?
La respuesta no está en la política partidista, sino en algo mucho más básico, la vida cotidiana.
Porque nadie deja sus actividades, bloquea calles o enfrenta el calor por estrategia política. Lo hace cuando ya no tiene agua en casa.
En medio de este conflicto, el Interapas aparece como el rostro inmediato del problema. Es la institución que cobra, pero también la que no logra garantizar el servicio.
Y ahí está el punto crítico,
cuando una institución cobra como si todo funcionara, pero opera como si todo fallara, pierde legitimidad.
La estrategia de negar o minimizar puede tener un efecto contrario al esperado. Cada manifestación suma presión, cada denuncia alimenta la narrativa de abandono y cada contradicción erosiona la credibilidad del gobierno municipal.
Porque en política, hay algo más peligroso que una crisis:
una crisis que se niega mientras la gente la vive.
Lo que hoy ocurrió afuera de Interapas no es un hecho aislado. Es un síntoma.
Un síntoma del hartazgo, de desconfianza y de una gestión que, al menos en percepción ciudadana, no está respondiendo a una necesidad básica.
El agua no debería ser motivo de protesta.
Pero en San Luis Potosí, hoy lo es.
Y mientras el discurso siga diciendo que no pasa nada, las calles seguirán demostrando lo contrario.
