San Luis Potosí, SLP.- Lo que comenzó como una tendencia viral terminó por encender las alertas en escuelas federales. En planteles como el CBTis 121 y 131, la difusión de presuntas amenazas de tiroteo —que resultaron ser falsas— desató episodios de psicosis colectiva, obligando a activar protocolos de seguridad y movilizar autoridades. Detrás de estos hechos, estudiantes replicaron contenidos de TikTok sin dimensionar el alcance de sus actos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPC) advirtió que este tipo de conductas no quedan impunes, incluso tratándose de menores de edad.
“Muchas veces creen que por ser menores no hay consecuencias, pero la ley marca claramente que desde los 12, hasta antes de los 18 años son acreedores a sanciones”, señaló José Manuel Martínez Galicia, titular de la Unidad de Prevención del Delito.
El funcionario explicó que este tipo de casos encuadra en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual contempla sanciones para jóvenes que incurran en actos ilícitos como la difusión de amenazas que alteren el orden público.
“Estos retos virales que han salido en redes sociales, que hagan caso omiso, que no se lleven a cabo, particularmente en las escuelas, debido a que pueden tener consecuencias legales”, advirtió.
Aunque muchos estudiantes lo ven como una broma o una forma de ganar atención en redes, las autoridades subrayan que estas acciones pueden clasificarse como:
* Amenazas
* Falsas alarmas
* Alteración del orden público
En algunos casos, incluso pueden escalar a delitos más graves dependiendo del impacto generado.
¿Qué castigo enfrentan?
De acuerdo con la legislación mexicana en materia de justicia para adolescentes, las sanciones pueden incluir:
* Amonestaciones formales
* Trabajo comunitario
* Tratamiento psicológico
* Libertad asistida
* Internamiento en centros especializados
En escenarios graves, el internamiento puede alcanzar hasta 5 años, dependiendo del daño causado y la reincidencia.
Aunque los menores no suelen asumir directamente las multas, los padres o tutores pueden ser obligados a responder económicamente, lo que incluye:
* Pago de daños
* Multas por movilización de cuerpos de emergencia
* Reparación de afectaciones a terceros
Esto puede traducirse en montos que van desde varios miles hasta cifras más elevadas según el caso.
El funcionario estatal, Martínez Galicia también enfatizó la corresponsabilidad familiar ante este tipo de conductas.
“Debemos estar al pendiente de nuestros hijos, hay muchas acciones que pueden reducir este tipo de retos, como la revisión de dispositivos electrónicos mediante herramientas de cuidado parental”.
Finalmente, insistió en evitar la propagación de noticias falsas.
“Las recomendaciones que hacemos es que no caigan en ‘fake news’ muchas veces creemos que por ser menores no tenemos consecuencias legales, pero al contrario” puntualizó.
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