San Luis Potosí, SLP.- El caso de una niña de apenas tres años ha puesto bajo escrutinio no solo una decisión judicial, sino el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger a la infancia en San Luis Potosí. Lía, separada de su madre desde hace tres meses, permanece bajo resguardo oficial en medio de señalamientos que van más allá de un conflicto familiar.
Nicole Mazotti, madre de la menor, sostiene que la pérdida de la custodia no responde a un patrón de abandono, sino a la interpretación de un episodio de salud que fue calificado como negligencia por un juez familiar. Desde entonces, asegura, su hija quedó atrapada en un proceso legal que aún no ofrece claridad ni resolución definitiva.
Mientras el litigio avanza, la menor fue trasladada a resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), una medida que, la versión oficial señala que, busca salvaguardar su integridad. Sin embargo, la madre denuncia que durante este periodo la niña habría enfrentado descuidos e incluso posibles abusos dentro de la propia institución.
Las acusaciones no se limitan al trato hacia la menor. Mazotti también señala presuntas irregularidades en el actuar de exfuncionarios, incluyendo amenazas y restricciones para poder convivir con su hija. Incluso, refiere que uno de los implicados ya no forma parte del organismo tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
Durante las visitas supervisadas, afirma haber documentado lesiones visibles en la niña, como moretones y afectaciones en la piel, pese a que —según indica— entregó tratamientos médicos específicos para una condición dermatológica. Estas evidencias, asegura, ya forman parte de los recursos legales en curso.
El caso ha escalado a un reclamo público. La madre exige la restitución de la custodia y una investigación a fondo sobre el actuar de las autoridades involucradas, al advertir que no se trata de un hecho aislado, sino de posibles fallas estructurales en el sistema de protección infantil.
El caso, más allá de lo legal, abre una discusión incómoda pero necesaria, ¿quién vigila a las instituciones cuando son señaladas de fallar en su deber más elemental, que es proteger?
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