Por unanimidad, la Cámara de Diputados avaló crear un Certificado Laboral para la Agroexportación, que busca garantizar a los trabajadores del campo el acceso a la seguridad social.
La reforma aprobada con 396 votos, modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y a Ley Federal del Trabajo.
Establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá expedir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social y establece que las medidas de regulación y restricción no arancelaria podrán establecerse para prevenir la deforestación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización correspondiente.
La presidenta de la Comisión del Trabajo, la morenista Maiella Gómez Maldonado, afirmó que la iniciativa representa una conquista más a los derechos laborales de los trabajadores del campo.
Detalló que vincula el comercio exterior con el cumplimiento de los derechos laborales y la protección ambiental al crear un sistema verificable que garantice que los productos agrícolas de exportación se generen en condiciones dignas y sin afectar los ecosistemas forestales.
Indicó que, como resultado de las modificaciones, las empresas agroexportadoras deberán acreditar, mediante este certificado, que cumplen con la normatividad laboral, es decir, la contratación formal, la seguridad social y con condiciones dignas para las y los trabajadores.
"El objetivo es crear el Certificado Laboral para la Agroexportación, y para ello se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. El objetivo es muy claro, lo que todos piden, la formalización; vincular las exportaciones agrícolas con el registro formal de trabajadores ante el IMSS", explicó.
La emecista Patricia Mercado advirtió que en México se ha permitido que la producción de alimentos en el país se haga en las peores condiciones de sobreexplotación.
Indicó que 33 millones de personas, es decir, 55 por ciento de la población ocupada, trabaja sin derechos, pero entre trabajadores agrícolas este indicador se dispara, al llegar al 87 por ciento, equivalente a casi siete millones de trabajadores en la informalidad.
Advirtió que, de cada 10 jornaleros, nueve trabajan sin contrato, sin seguridad social y sin prestaciones, mientras que la dinámica de migración interna dificulta a este sector la organización colectiva y la exigencia de derechos,
La panista Genoveva Huerta dijo que la reforma brindará certeza a los consumidores globales y aumentará la competitividad del sector agroalimentario a través de un estándar verificable de cero deforestación y cumplimiento laboral.
No obstante, advirtió que aprobar la ley es el primer paso, porque el éxito en su aplicación dependerá de la capacidad, transparencia y eficiencia del Gobierno federal para ejecutarla.
La modificación fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
