Un tribunal federal ordenó investigar a altos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por presunto desvío de recursos públicos en la retención del ISR de los empleados a finales de 2022.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó al Órgano Interno de Control (OIC) en el IPN indagar al Director General, Arturo Reyes Sandoval, así como a los entonces Secretario General, Carlos Ruiz Cárdenas, y Secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, este último, ya investigado por contratos irregulares en el ISSSTE.
Además se tendrá que indagar a Directores de Coordinación, Coordinadores y Directores de Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza, de Investigación y de Vinculación, e incluso al Titular del propio OIC, pues todos estaban enterados del plan de descuentos.
El OIC había determinado que el único responsable por el llamado Plan de Beneficios Múltiples (PBM), que se implementó durante sólo una quincena en noviembre de 2022, era el director de Capital Humano, Héctor Bello Ríos.
Mediante el PBM, el IPN se quedó con el 42 por ciento del ISR que descuenta a más de 30 mil empleados, supuestamente para financiar un nuevo plan de retiro solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que fue rápidamente cancelado por protestas.
El pasado 17 de marzo, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA resolvió que el OIC también tiene que investigar a los superiores de Bello.
"Resulta incorrecta la determinación de la autoridad investigadora al declarar que no se contaba con elementos con los que se pudieran tener por acreditada la comisión de alguna falta administrativa por parte de Arturo Reyes Sandoval, en su carácter de director general del IPN, Carlos Ruiz Cárdenas, en su carácter de Secretario General, y Javier Tapia Santoyo, en su carácter de secretario de Administración", resolvió el TFJA.
Además, todos los funcionarios que recibieron el oficio DCH/7020/2022 de 18 de noviembre de 2022, enviado por Bello para avisar de los descuentos, así como otro posterior para dar noticia de la cancelación del plan.
"Lo anterior ya que los hechos denunciados fueron un esquema de corrupción que implicó el presunto desvío de recursos públicos, el cual no puede instrumentarse a través de una sola persona, sino que tiene que haber tanto participación como consentimiento para que se lleve a cabo la presunta trama de corrupción, por lo que no resulta válido el concluir que no se acreditaba la comisión de alguna falta administrativa de su parte, únicamente porque fue Bello Ríos quien presuntamente implementó el PBM código 234 en la quincena 21/2022", agregó.
Por otra parte, el TFJA ratificó la decisión del OIC de no actuar contra dos dirigentes de la Sección 11 del SNTE, porque no tenía competencia sobre ellos.
Según la lista de notificaciones del TFJA, la denuncia fue presentada por Alfonso Toledo Gutiérrez. Una persona con ese nombre, egresada del IPN, es Director de Auditoría en el OIC de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, desde mayo de 2022.
En marzo de 2025, el TFJA había confirmado la decisión del OIC, pero Toledo promovió y ganó un amparo en el que se ordenó a la Sala examinar de nuevo el caso.
