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Modelo potosino inspira reforma federal para transparentar compra de vivienda

La propuesta, inspirada en la legislación vigente en San Luis Potosí, cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

El diputado federal potosino, Juan Carlos Valladares Eichelmann, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca dar certeza jurídica a la compraventa de inmuebles en México. La propuesta, inspirada en la legislación vigente en San Luis Potosí, cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
 
Tras reunirse con Neil Castro Ortega, presidente de AMPI San Luis Potosí, y líderes del sector como Fernando Díaz de León y Ramón Báez, Valladares detalló que la iniciativa se sostiene en tres ejes fundamentales:
 
Protección al Consumidor: Reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Profeco sancione de manera directa la omisión o falsedad de información en las preventas y ventas.
 
Registro Nacional (RNPI): Creación de un padrón nacional adscrito a la SEDATU. Los agentes deberán acreditar 120 horas de capacitación y certificación de conocimientos para integrarse a esta plataforma digital de consulta pública.
 
Adiós a la Burocracia: La digitalización total de trámites mediante herramientas como la Llave MX y el Expediente Digital Ciudadano, agilizando permisos y registros que hoy entorpecen las transacciones.
 
El legislador del Partido Verde destacó que la reforma aprobada por unanimidad en el Congreso de San Luis Potosí en noviembre de 2025 es el corazón de esta propuesta federal. Aquella ley local ya obliga a los agentes a exhibir su número de registro en toda publicidad, garantizando que el comprador trate con profesionales certificados.
 
"Buscamos replicar en todo el país lo que ya logramos en San Luis: que el ciudadano tenga la seguridad de que su patrimonio está en manos expertas y que el proceso sea ágil y transparente", señaló Valladares Eichelmann.
 
El sector inmobiliario aporta el 5.4% del PIB nacional y genera más de 2.2 millones de empleos. La iniciativa no contempla gastos adicionales al presupuesto, ya que aprovecha la infraestructura digital existente y propone un periodo de transición de 180 días para que los profesionales en activo se regularicen sin sanciones iniciales.
 
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