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Airbnb ya está regulado en SLP… pero la discusión apenas comienza

El estado integra a las plataformas al sector turístico y fiscal, pero el debate apunta a nuevas reglas.

En medio del debate nacional sobre la regulación de plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, en San Luis Potosí el tema no parte de un vacío legal, por el contrario, el estado cuenta con un marco normativo que ya reconoce, integra y regula este tipo de servicios dentro del sector turístico y fiscal, aunque con retos importantes hacia el futuro.
 
Ley de Turismo reconoce plataformas
Desde el ámbito turístico, la Ley de Turismo del Estado establece que el servicio de hospedaje no se limita a los esquemas tradicionales, sino que incluye también aquellos ofertados mediante plataformas digitales. Esto implica que las aplicaciones tecnológicas forman parte formal de la actividad turística, y por lo tanto, quienes operan a través de ellas son considerados prestadores de servicios turísticos con derechos y obligaciones.
 
Este reconocimiento legal es relevante, ya que elimina cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de estas plataformas y su participación en el mercado. En San Luis Potosí, las plataformas no operan en la informalidad jurídica, sino que están plenamente integradas al sistema regulatorio del sector turismo.
 
La obligación fiscal: plataformas como retenedoras del impuesto
En materia fiscal, la Ley de Hacienda del Estado refuerza esta regulación al establecer el Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, el cual grava los ingresos derivados de la prestación de alojamiento temporal, sin importar si se trata de hoteles, casas particulares o plataformas digitales. La legislación es clara al señalar que cuando el servicio de hospedaje se contrata a través de aplicaciones o plataformas tecnológicas, estas deben asumir un papel activo en la recaudación del impuesto. Es decir, las plataformas no solo intermedian el servicio, sino que están obligadas a retener y enterar el impuesto correspondiente a la autoridad estatal. 
 
Padrón estatal 
Asimismo, la ley establece que estas empresas deben inscribirse en el padrón estatal como retenedoras, consolidando un esquema en el que el huésped paga el impuesto, pero la plataforma es responsable de recaudarlo y entregarlo al fisco. El impuesto tiene una tasa general del 4 por ciento sobre el valor del hospedaje, calculado únicamente sobre el costo del alojamiento, sin incluir servicios adicionales ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 
Además, cuando intervienen plataformas digitales, se establece un mecanismo específico de retención del 3 por ciento, el cual puede considerarse como pago definitivo en caso de que el prestador del servicio no pueda acreditar dicho monto. Este esquema permite una recaudación más eficiente y reduce la evasión fiscal, al realizarse la retención en el momento mismo en que se paga el servicio de hospedaje.
 
Posturas desde el Congreso y el Ejecutivo estatal
En el ámbito político, el tema ha cobrado relevancia en los últimos meses. La diputada Aranza Puente Bustindui, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, ha señalado que si bien San Luis Potosí cuenta con una base normativa, es necesario revisar su funcionamiento ante el crecimiento acelerado de las plataformas digitales.
 
La legisladora ha planteado la importancia de garantizar condiciones de competencia equitativa entre los prestadores tradicionales y quienes operan mediante plataformas, así como fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo del estado, Yolanda Cepeda Echavarría, ha reconocido que estas plataformas representan una oportunidad importante para ampliar la oferta turística y atraer visitantes, particularmente en destinos emergentes o con menor infraestructura hotelera; aunque puntualizó que su operación debe mantenerse dentro del marco legal vigente, asegurando que contribuyan al desarrollo del sector y al mismo tiempo cumplan con sus responsabilidades ante el Estado.
 
Un modelo vigente, pero con áreas de oportunidad
Aunque San Luis Potosí ya cuenta con un esquema que reconoce y grava a las plataformas digitales, el debate actual no gira en torno a su existencia, sino a la necesidad de perfeccionarlo. A nivel nacional, entidades como Ciudad de México y Quintana Roo han impulsado regulaciones más estrictas, que incluyen padrones obligatorios, límites en la operación de inmuebles, controles urbanos y medidas para mitigar efectos como la gentrificación o la competencia desleal.
 
En contraste, el modelo potosino se ha enfocado principalmente en dos ejes: el reconocimiento legal dentro de la Ley de Turismo y la recaudación fiscal a través de la Ley de Hacienda. Esto abre la puerta a que, en el futuro, se incorporen nuevas herramientas regulatorias que atiendan aspectos más amplios del fenómeno. Entre las áreas de oportunidad destacan: Mayor control administrativo sobre los anfitriones; integración de padrones más robustos: supervisión del impacto urbano y social; y fortalecimiento de mecanismos de verificación.
 
Un tema en evolución
El crecimiento de las plataformas digitales de hospedaje ha transformado la industria turística a nivel global, y San Luis Potosí no es la excepción; si bien el estado ya cuenta con una base legal sólida que evita vacíos regulatorios, el dinamismo del sector obliga a una revisión constante de las normas. El reto no es menor, se debe encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y el crecimiento turístico, y garantizar condiciones justas para todos los actores del sector, así como una adecuada contribución a las finanzas públicas.
 
Cabe destacar que la discusión sobre la regulación de plataformas no está cerrada, por el contrario, se perfila como un tema en evolución, donde San Luis Potosí tendrá que definir si fortalece su modelo actual o avanza hacia esquemas más complejos, en línea con las tendencias nacionales. Por ahora, lo cierto es que en la entidad las plataformas digitales de hospedaje ya están reconocidas, reguladas y obligadas a contribuir, lo que representa un punto de partida importante en un debate que seguirá creciendo en los próximos años.
 

 

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