La SEGE destituyó a la docente, con 28 años de carrera, y le quitó todos sus derechos, como la jubilación
Rioverde, SLP.- Total indignación han manifestado padres de familia de la Escuela Técnica Número 33, ubicada en el ejido de Plazuela, ante la destitución de una maestra con 28 años de antigüedad, a quien se le han retirado todos sus derechos.
Ante la que consideran una injusticia cometida en contra de la maestra Micaela Hernández, padres de familia han anunciado que se manifestarán para exigir la restitución de la docente, que actuó y atendió de manera adecuada un caso de bulliyng en la institución.
En el comunicado emitido por los padres de familia se ha señalado que el conflicto comenzó: “el pasado día 13 de noviembre de 2025, durante la clase de la Profesora Micaela Hernández, se presentó un incidente de bullying entre alumnas.
El conflicto fue atendido de inmediato por la dirección del plantel, se investigó y se resolvió.
Las alumnas responsables fueron identificadas, aceptaron su falta y se aplicaron las medidas correspondientes” quedando así el caso aparentemente resuelto.
Padres de familia han enfatizado que la maestra no participo en el caso de bullying, tampoco lo provocó, y que actuó de manera inmediata para atender la situación en donde un par de jovencitas habrían agredido a un varón que presenta un grado de discapacidad.
Sin embargo, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado decidió cesar a la maestra de sus funciones a pesar de tener 28 años de antigüedad al frente de formación de grupos, y retirarle todos sus derechos, quitándole el beneficio a una jubilación digna, entre otros.
Padres de familia han destacado los siguientes puntos de manera textual ante la problemática.
1. Falta de proporcionalidad: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pide proteger al menor y sancionar al agresor. En este caso las agresoras ya fueron sancionadas. La ley no ordena correr al docente que estaba presente cuando el hecho ya se resolvió.
2. Violación al debido proceso: A la maestra se le cesó sin una investigación que acreditara omisión o responsabilidad directa de su parte. Se le aplicó la sanción máxima sin derecho a audiencia previa, como marca la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo.
3. Uso de argumentos falsos: A los padres de familia se nos dijo que el cese era por "orden del Senado". El Senado de la República tiene facultades legislativas, no ejecutivas. No emite órdenes para casos particulares. Esta justificación es incorrecta y busca evadir la responsabilidad de SEGE en la decisión.
4. Afectación a terceros: La decisión deja sin clases a los alumnos de la maestra, afectando su derecho a la educación por un conflicto que ya estaba solucionado.
Así, han señalado que no defienden el bullying, sino el debido proceso y la justicia “si cada vez que pase un conflicto entre alumnos se corre al maestro que estaba en el salón, ninguna escuela podrá funcionar”, consideran los padres de familia.
Por ello, exigen a la secretaria de Educación de Gobierno del Estado la reinstalación de la maestra con todos sus derechos y que en estos casos se aplique la ley con proporcionalidad: “sancionar a quien comete la falta, no a quien cumple con reportarla y atenderla”.
Cabe señalar que este no es el primer caso de agresiones físicas en donde la Secretaría de Educación retira los derechos de los maestros que están a punto de jubilarse, dejándolos en total indefensión a pesar de años de trabajo y esfuerzo en las aulas.
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