San Luis Potosí, SLP.- La diputada local María Dolores Robles Chairez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de combatir la evasión de obligaciones alimentarias y sancionar a quienes incurran en este tipo de prácticas.
La propuesta plantea modificar la fracción III del artículo 202, así como adicionar el artículo 202 Bis, con la finalidad de cerrar vacíos legales que actualmente permiten a deudores evadir el pago de pensiones alimenticias sin consecuencias claras.
De acuerdo con la iniciativa, uno de los principales problemas es que la legislación vigente no establece criterios objetivos para acreditar cuando una persona se declara insolvente de manera intencional. En ese sentido, se busca precisar que se presumirá dicha conducta cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencias sin goce de sueldo, siendo esta su principal fuente de ingresos.
Además, el proyecto legislativo contempla sancionar nuevas conductas relacionadas con la evasión de responsabilidades alimentarias, como la transferencia de bienes a terceros o la simulación de actos jurídicos con el propósito de evitar el cumplimiento de estas obligaciones.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del artículo 202 Bis, el cual establece penas de seis meses a tres años de prisión, así como sanciones económicas, para quienes oculten bienes, simulen ser propietarios o colaboren con el deudor para evitar el pago de pensiones, siempre que exista conocimiento de la obligación o de un proceso judicial en curso.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que estas prácticas afectan directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes, al poner en riesgo su acceso a derechos básicos como alimentación, salud, educación y esparcimiento, por lo que es necesario fortalecer el marco legal para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, se señala que la iniciativa está alineada con el principio del interés superior de la niñez y con la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, buscando evitar escenarios de impunidad que actualmente favorecen la llamada insolvencia dolosa.
Finalmente, se establece que la propuesta no implica impacto presupuestal y entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en caso de ser aprobada por el Congreso local. Se turnó a la Comisión Primera de Justicia para sus análisis y posterior dictaminación.
.gif)
